• Carátula: RAIMONDI CEREALES S.R.L. c/ BIANCHI, HUGO Y OTRO s/ ORDINARIO
  • Fecha: 29/08/2012
  • Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I)
  • Jueces: Beatriz MIRO PLA - Edgardo Ignacio SAUX - Abraham Luis VARGAS -
  • Fuente: Fuente Propia
  • N° de expediente: 135
  • Año de causa: 2010
  • N° de tomo: 011
  • Folio N°: 431
  • Resolución N°: 160
  • Cita: 7265/15
  • N° de SAIJ:
  • N° de CUIJ: - -

Ocultar sentencia     Exportar a PDF

SALA CIVIL PRIMERA - RESOLUCIÓN N°: 160 - FOLIO: 431 - TOMO: 11.
En la ciudad de Santa Fe, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Edgardo I. Saux, Abraham L. Vargas y Beatriz Miró Pla, para resolver el recurso de apelación (el de nulidad deducido no fue concedido) interpuesto por la parte demandada a fs. 265 contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2010 (v. fs. 257/260 vto.), dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación en los autos caratulados "RAIMONDI CEREALES S.R.L. c/ BIANCHI, HUGO Y OTRO s/ ORDINARIO" (Expte. Sala I N° 135 - Año 2010), que fuera concedido libremente y con efecto suspensivo (v. fojas 266 vto.). Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -Saux, Vargas y Miró Pla- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:
1era.: ¿Es ella justa?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?
Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primer cuestión, el Dr. Saux dijo:
A la primera cuestión, el Dr. Saux dijo:
Por sentencia de fecha 17/03/2010 (v. fs. 257/260 vto.), el Juez a quo hizo lugar a la demanda interpuesta condenando a Hugo Alberto Bianchi y Jorge Mario Bianchi a pagar a Raimondi Cereales SRL la suma de $ 13700,5 más intereses con imposición de costas. Para así decidir estimó que Raimondi Cereales SRL promovió juicio ordinario contra Hugo y Jorge Bianchi por la suma de $ 14000 más intereses y costas, atento a haber contratado en mayo de 2003 los servicios de flete de los demandados a los efectos de transportar un equipo de 30 toneladas -aproximadamente- con destino al puerto de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, habiendo enviado los Sres. Bianchi el equipo dominio SSF 859 acoplado WWK 396 conducido por Raúl Sonzogni con registro 1439793 a los fines de la carga, descarga y transporte, sin que llegara a destino la carga encargada, aclarando que los accionados imputaron la culpa a quien resultara chofer del camión, habiéndose negado a pagar la indemnización (el transporte contratado) por invocar que el supuesto acontecido se encontraba excluido de póliza. Señala el Sentenciante que cuando los accionados contestan la demanda, además de negar los hechos imputados alegan que facilitaron el camión en carácter de comisionistas de terceros y no como transportistas de la mercadería de la actora, habiendo sido tomado el transporte por Raúl Sonzogni y luego de efectuar la carga de la mercadería no se tuvieron más noticias de ésta así como tampoco del transportista, agregando el A quo que de la contestación de la demanda por parte de Sonzogni, sólo se desprende la negativa de los hechos imputados. Luego de reseñar la prueba producida en las presentes, explica el Magistrado que quedó acreditado que la entidad actora requirió los servicios de los demandados y estos expidieron la orden de cargo comisionando a Sonzogni para cargar la soja de Raimondi a Puerto San Lorenzo, destacando que Jorge Bianchi frente a la comprobación de la omisión de entrega de la mercadería realiza la denuncia policial. Expresa también que conforme lo postula el Código de Comercio, la responsabilidad atribuida respecto de los demandados está prevista en los artículos 162, 163, 170, 171 y concordantes del Código de Comercio y desde el punto de vista de "mandatarios de terceros" emerge de los artículos 1904, 1924 y concordantes del Código Civil. Sostiene que el perito actuante determinó una carga de soja consistente en 29.150 Kg a $ 470 la tonelada al tiempo de ocurrido el hecho, mayo de 2003, lo que genera un valor histórico de $ 13.700,5 de acuerdo a lo previsto en el art. 179 del Código de Comercio. Frente a ello, considera el A quo que la pretensión es por cobro de pesos sobre el valor expresado de $ 14.000 o su equivalente, lo que no es igual a solicitar un valor equivalente a 29.150 kg de soja, ya que su precio en bolsa tiene oscilaciones. En relación a los intereses fija los equivalentes a una vez y media de los que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días, sin capitalizaciones parciales desde el 14/5/03 hasta su efectivo pago, imponiendo las costas a la parte demandada en virtud de lo dispuesto en el art. 251 del CPCyC.
Contra dicho decisorio se alza la demandada en apelación, expresando sus agravios en el escrito que luce glosado a fojas 289/290 vto., agravios que son contestados por la representación de la actora mediante libelo que luce inserto a fojas 293/294 vto.
La accionada sostiene en sus agravios que el decisorio puesto en crisis no cumplimenta con lo normado por el artículo 95 de la Constitución Provincial a lo que agrega que la condena impuesta a su parte se fundamentó en los artículos 162, 163, 170 y 171 del Código de Comercio, cuando a su criterio resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 172 del mismo cuerpo legal que coloca en cabeza del cargador (como es el caso de la actora en las presentes), todo daño que sufrieren los efectos provenientes de fuerza mayor o caso fortuito. Expresa que los demandados facilitaron en su carácter de comisionistas de terceros y no como transportistas de la mercadería, el camión para realizar trabajos. Agrega que el transporte fue tomado por el Sr. Raúl Sonzogni y luego de efectuar la carga de la mercadería, no se tuvo más noticias de la misma ni del nombrado transportista, frente a lo cual Jorge Mario Bianchi radicó la correspondiente denuncia ante la comisaría 2da. de Gálvez, tomando intervención el Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 7ma. Nominación de Santa Fe, causa judicial que actualmente se encuentra en trámite. Estima que su parte es ajena a los hechos y por ende no debe responder por la pérdida de la carga ocurrida careciendo de toda responsabilidad civil por los hechos acaecidos. Refiere que respecto al quantum de la condena establecida en la suma de $ 13.700,5 en base a una determinación pericial de carga del camión con acoplado de 29.150 Kg., el mismo resulta inconsistente por cuanto de la carta de porte agregada a fs. 6 de autos no surge que sean 30 toneladas la cantidad de soja transportada, siendo que en dicha constancia solo se consignó que la mercadería consistía en soja sin indicar la cantidad de la misma objeto del flete, lo que vuelve nula dicha constancia resultando irrelevante como prueba del transporte en cuestión. Explica que la carta de porte adjunta a fojas 6 no ha designado el peso -cantidad de soja- por la cual se realizó el transporte, resultando imposible establecerla por otro medio probatorio y mucho menos por una pericial contable. Señala que el artículo 179 del Código de Comercio establece la indemnización que debe pagar el conductor en caso de pérdida o extravío y prevé que la pericia debe efectuarse con arreglo a la designación que se hubiese hecho en la carta de porte, y en la constancia de fs. 6 no se ha designado cantidad ni peso alguno respecto del cereal ha transportar, habiendo el perito limitado su actividad a expresar la capacidad de carga del camión con acoplado pero en modo alguno pudo determinar la efectiva carga transportada en el viaje.
Al contestar agravios la actora explica que deviene improcedente el planteo de nulidad esgrimido por la demandada fundado en la carencia de fundamentos del decisorio en crisis. Señala que la apelante pretende la aplicación del artículo 172 del Código de Comercio, el que resulta ajeno al presente siendo que si se hubiere producido un daño en la mercadería por fuerza mayor, caso fortuito o vicio propio debe ser probado por el acarreador. Aclara que la mercadería nunca llegó a destino, y el acarreador nunca probó que la mercadería se dañara. Expresa que los demandados fueron los únicos contratados para realizar el transporte y deben responder conforme lo indica la sentencia recurrida. En cuanto a la pericial sostiene que se efectuó en base a la documentación que aportaran las partes y que en cuanto al quantum de la condena se cuantificó en base a la misma cantidad de toneladas que ahora se agravia.
De tal modo planteado el "thema decidendi", entiendo que el contexto de los agravios que abren la perspectiva de revisión en esta sede "ad quem" de lo decidido en anterior instancia impone un triple orden de consideraciones.
a) Una primera, de rango procesal, se relaciona con la imputación formulada por la parte demandada recurrente a que el fallo a quo agravia su derecho a la jurisdicción (tutelado a nivel provincial santafesino por el artículo 95 de la Constitución).
Al respecto, mas allá de que tal aseveración se circunscribe a su mera propuesta dogmática -casi como un "cliché"-, sin que se diga (como se debió decir para dar consistencia al agravio) de qué modo esa invocada carencia de fundamentación torna al fallo impugnado arbitrario, o cuáles son las razones (ausentes) en cuya virtud aquella afectación del derecho a la defensa en juicio (no otra cosa es el "derecho a la jurisdicción", o al acceso a la tutela jurisdiccional) se corporiza en el caso concreto, la mera consulta del pronunciamiento de anterior instancia evidencia que aún con austeridad de desarrollo (singularmente, a nivel de la profundización en la naturaleza y los efectos del vínculo contractual claramente existente entre actor y demandados, del cual se deriva la responsabilidad civil resarcitoria reclamada ante el incumplimiento del objeto de dicho negocio jurídico, con el consecuente detrimento patrimonial para el comitente), el fallo aquí controvertido no aparece huérfano de la carga de aportar las razones, fácticas y jurídicas, en cuya virtud resuelve como lo hace, y por ende aquel reclamo, que por lo demás hubiera justificado que en su caso se alzara la parte interesada en queja por la falta clara de concesión del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación a fojas 265, resuelta huero de contenido.
b) Una segunda, de rango conceptual-jurídica, se vincula con la -magra- alusión a que los demandados cumplieron sólo el rango de "comisionistas de terceros", y que por ende la "desaparición" del camión de propiedad y a cargo del fletero Sonzogni (contratado por ellos para fletear la soja de la empresa actor), junto con su propietario y conductor, implica un evento que, próximo al caso fortuito o la fuerza mayor, de manera alguna vincula su responsabilidad frente al contratista principal o comitente ("Raimondi Cereales"). De lo que -se postula-, no habría razones jurídicas para condenar a su parte al reintegro del valor del cereal desaparecido (agregamos, con camionero y camión incluidos, casi como por obra de un fenómeno paranormal de abducción). En otras palabras: para los recurrentes, el episodio -se ignora cual fuere- que por culpa o dolo del subcontratista fletero (Sonzogni) deja al comitente ("Raimondi Cereales") sin su soja a entregar al acopiador, debiera representar un infortunio atribuible al propio comitente, y no a los demandados, meros "comisionistas de terceros".
Aún cuando el planteamiento de la defensa se efectúa sin el menor aporte de argumentos de rango jurídico o dogmáticos -salvo una ascética referencia a que el vandalismo implica un supuesto de caso fortuito que libera al transportista de la obligación de seguridad que subyace respecto del mismo objeto del vínculo contractual principal- que permitan ilustrarnos sobre esos alcances de la relación convencional habida entre "Raimondi Cereales" y los hermanos Hugo y Jorge Bianchi (los aquí demandados), y por ende sobre los eventuales alcances de la responsabilidad que por el incumplimiento objetivo del contrato se derivarían hacia uno u otro, soy de la opinión de que un encuadre liminar del tema resulta indefectible.
En esa intención, soy del parecer de que esa relación contractual formalizada entre las partes sustanciales ahora enfrentadas en el litigio -el desaparecido fletero Sonzogni ni ha sido integrado al litis consorcio pasivo, según los términos de la demanda de fojas 47/48- es claramente un contrato comercial de transporte de mercaderías (cosas, en los términos amplios del artículo 2.311 del Código Civil).
La documental acompañada en copia a fojas 6 (que la propia parte demandada, en tanto se emplea un formulario provisto por ella misma, la califica como "contrato de flete") no deja dudas ante todo sobre la calificación jurídica que las partes asignan al vínculo relacional que labran primigeniamente, y en segundo lugar sobre las circunstancias del mismo (la mercadería, que es soja, debe ser trasladada por los transportistas desde el lugar de carga (Gálvez) hasta el de destino (San Lorenzo, ambos en la Provincia de Santa Fe), oficiando materialmente de fletero un tercero (Raul Sonzogni), a cargo de un equipo cuyos datos de identificación se aportan, quedando sólo sin especificar la cantidad de soja transportada y el costo del flete.
Siendo ello así -y la autenticidad de ese documento ha quedado satisfecha en la gestión de las medidas preparatorias que encabezan estos obrados-, el planteo según el cual los transportistas (los hermanos Bianchi, Sonzogni es para la empresa comitente y aquí actora un tercero puesto en el contrato por aquellos para el logro material del flete, pero incluso se ignora si el mencionado y desaparecido camionero era un dependiente de los ahora demandados, o un subcontratista comisionado por ellos para dar satisfacción a la obligación asumida ante la empresa cerealista) quedarían eximidos de toda responsabilidad por la llamativa "desaparición" (no hay constancias de robo, extravío, accidente o siniestro alguno) del cereal cargado en el camión, constituyendo ese evento (se reitera, de etiología hasta aquí ignota) un supuesto de "vandalismo" (nada hay probado sobre ello) o de caso fortuito no imputable al deudor (tampoco hay datos objetivos que permitan encontrar la imprevisibilidad o inevitabilidad del misterioso evento que se llevó camionero, camión y carga), es, cuanto menos, insostenible.
Si las propias partes califican a su contrato de transporte de mercaderías salvo convención singular en contra (aquí el orden público es relativamente disponible, mediando mas allá de la configuración legal del contrato comercial de marras un interesante margen para su operatividad), la responsabilidad por los hechos de los "factores, dependientes u otros agentes cualquiera" (art. 162 del Código de Comercio, "in fine") es claramente del transportista y no del comitente, lo cual es lógico correlato (el Derecho, en definitiva, es lógica normativizada) de la circunstancia de que ese tercero ha sido "incorporado" como factor en el iter del cumplimiento contractual no por el comitente sino por el transportador. Y, de alguna manera, aun cuando al tiempo de la redacción del Código de Comercio seguramente lejos estaba de la perspectiva de los Dres. Vélez Sarsfield y Acevedo el anticipar los alcances de la obligación de seguridad que hoy se predica como accesoria al objeto principal del acuerdo de voluntades (el traslado físico de la mercadería de un sitio al otro), ciertamente es de lógica y de justicia que quien se haga cargo del incumplimiento contractual (ese traslado), sea quien resulta "principal" (los hermanos Bianchi) respecto de su "dependiente" (el fletero por ellos traído al contrato, vale decir, el "desaparecido" Sonzogni), tal como incluso se deriva del juego armónico que impone la regla del artículo 1.113, primera parte, del Código Civil (como norma de remisión en materia contractual mercantil).
Por si no quedaran dudas sobre ello, el artículo 163 del mismo Código de Comercio (citado también por el fallo a quo) consagra expresamente esa regla, manteniendo frente al comitente el rango de "acarreador", mas allá de la subcontratación que él hiciere con un tercero. Así lo dispone claramente la ley y lo interpreta sin fisuras la doctrina ("...En el caso de pérdida total o parcial de la mercadería el porteador tiene la obligación de indemnizar porque el principio general es que durante el transporte corren por cuenta del cargador, no mediando estipulación contraria, todos los daños que sufrieren los efectos, provenientes del vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito. La prueba de cualquiera de estos hechos incumbe al acarreador o comisionista de transporte". V. Miguel Ángel Díaz, en la obra "Tratado de Derecho Comercial", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2.010, bajo la dirección de Ernesto Martorell, tomo IV, "Contratos comerciales modernos", pag. 833).
Ya lo decía con antelación Héctor Cámara ("Contrato de transporte de cosas", Depalma, Buenos Aires, 1.946, pag. 224) al señalar que "..el Código argentino acogió la doctrina contractual, la única aceptada en los tiempos en que se redactó" .... "por tanto el porteador, que asume convencionalmente la obligación de desplazar mercaderías o cosas, debe responder por su incumplimiento; estando acreditado el hecho de la no satisfacción de su prestación, la falta queda probada, realizada. Su situación es idéntica a la de cualquier otro deudor que no cumple con las obligaciones a su cargo".
Y es que como lo señala atinadamente Amadeo Soler Aleu ("Transporte terrestre", Astrea, Buenos Aires, 1.980, pag. 74), "...la doctrina judicial pacífica y unánime acepta como fundamento de la responsabilidad del porteador la teoría del riesgo profesional, que es además la receptada por el Código de Comercio en materia de transporte". "...El porteador que invoca una excusa absolutoria de su responsabilidad es quien deberá probar este extremo y, ausente esa prueba, responde por la falta de cumplimiento de la obligación a su cargo, cual es la de entregar fiel, sana y salva la carga en el lugar de destino y en el tiempo convenido o señalado por la ley" (ibidem, pag. 75). En similar sentido, ver también Carlos Ghersi, "Contratos civiles y comerciales", Astrea, Buenos Aires, 2.002, 5° Edición, tomo 2, pag. 462, quien señala que la obligación de indemnizar por la pérdida total de la mercadería no es otra cosa que la sustitución dineraria por el perjuicio material derivado del incumplimiento contractual.
Y si, "ad eventum", el obligado (transportador) pretendiera que la desaparición de la mercadería obedeció a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, es incontrastable que pesaba sobre él la prueba de los elementos configurativos del "casus", carga que ni siquiera se ha intentado asumir en el sub lite por parte de los accionados (conf. Raymundo Fernández - Osvaldo Gómez Leo, "Tratado teórico práctico de Derecho Comercial", Desalma, Buenos Aires, 1.987, tomo III-B, pag. 490).
El planteo revisor, entonces, y en lo que concierne a la cuestión, devienen de igual modo claramente inatendible.
c) En tercer y último término, se argumenta con que no aparece probada en la causa la cantidad de cereal perdida o desaparecida (treinta toneladas), en la medida en que la misma no es especificada en la carta de porte de fojas 6, y no resulta válido derivarla de otros medios probatorios sobrevivientes (como la pericial contable de fojas 163/168).
La cuestión tampoco tiene asidero. Mas allá de que efectivamente la carta de porte no designa ni la cantidad de cereal transportado (sí su naturaleza: soja) ni el precio del flete, la prueba pericial producida a fojas 163/168 por el CPN Marcos Lora acredita que la carga máxima de cereal que puede transportar un camión con acoplado es de treinta toneladas, con lo cual, estando probada la carga, el flete y el destino, si el equipo desaparecido hubiera tenido menor cantidad de cereal (lo cual es absolutamente infrecuente, porque la carga máxima compensa en parte los gastos del flete), eran los demandados quienes debían probar tal circunstancia y, obviamente, no lo hicieron.
Como lógica conclusión de lo hasta aquí expuesto, soy de la opinión de que el planteo apelatorio no debe tener acogida, debiendo entonces desestimarse el mismo con costas en esta sede a la vencida, según la pauta legal que dimana del texto del artículo 251 del CPCyC.
El Dr. Vargas expreso, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.
A la primera cuestión, la Dra. Miró Pla dijo:
Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.
Respecto a la segunda cuestión los Dres. Saux y Vargas, manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde que se rechace, con costas, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva de fojas 257/260 vto. de autos, confirmándose integralmente la misma.
A la tercera cuestión, la Dra. Miró Pla dijo:
Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.
Por los fundamentos del acuerdo precedente, la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESOLVIÓ: 1) Rechazar, con costas, el recurso de apelación traído a esta sede revisora. 2) Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, modificada por la ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, hágase saber, bajen.
Concluido el acuerdo, firmaron los señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.
Fdo.: SAUX VARGAS MIRÓ PLA (En abstención) (Jueces de Cámara) PENNA (Secretaria de Cámara).

Sumarios del fallo 1


COMERCIAL

Tesauro > TRANSPORTE DE CARGA
Tesauro > FLETE
Tesauro > PERDIDA DE LA MERCADERIA
Tesauro > OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR
Tesauro > OBLIGACION DE SEGURIDAD
Tesauro > DAÑOS Y PERJUICIOS

TRANSPORTE DE CARGA. FLETE. PERDIDA DE LA MERCADERIA. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR. OBLIGACION DE SEGURIDAD. DAÑOS Y PERJUICIOS

.