• Carátula: SUCESORES E. COLETTI S.A. c/ ROSARIO REFRESCOS S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
  • Fecha: 18/05/2015
  • Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I)
  • Jueces: Mario Eugenio CHAUMET - Jorge Walter PEYRANO - María Mercedes SERRA -
  • Fuente: Fuente Propia
  • N° de expediente: 38
  • Año de causa: 2014
  • N° de tomo:
  • Folio N°:
  • Resolución N°: 90
  • Cita: 2280/15
  • N° de SAIJ:
  • N° de CUIJ: - -

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Acuerdo N° 90 En la ciudad de Rosario, a los 18 días del mes de Mayo de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, integrada para esta causa por los doctores María Mercedes Serra, Jorge W. Peyrano y Mario Eugenio Chaumet, para dictar sentencia en los autos caratulados "SUCESORES E. COLETTI S.A. contra ROSARIO REFRESCOS S.A. y otros sobre Daños y Perjuicios" (Expte. N° 38/2014), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 7° Nominación de Rosario, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 1.339 de fecha 1° de agosto de 2013.
Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?
Segunda: En su caso, ¿es ella justa?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Sobre la primera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:
El recurso de nulidad deducido por la demandada a foja 626 no ha sido sustentado autónomamente en esta instancia y las críticas que enuncia la recurrente pueden obtener adecuada respuesta al tratarse el recurso de apelación. Por ello y no advirtiéndose la existencia de irregularidades procedimentales que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.
Voto, pues, por la negativa.
Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Peyrano, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra y vota en el mismo sentido.
Concedida la palabra al señor vocal doctor Chaumet, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.
Sobre la segunda cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:
1. La sentencia de primera instancia.
Mediante la sentencia número 1.339 de fecha 1° de agosto de 2013 (fs.611/622), el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Suc. de Ermando Mario Coletti S.A. contra Embotelladora del Atlántico S.A. y, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la actora, en el término de quince días, la suma de treinta y un mil quinientos pesos ($ 31.500.-) más los intereses indicados en los considerandos, e impuso las costas en un treinta por ciento (30%) a cargo de la actora y en un setenta por ciento (70%) a cargo de la demandada.
Para así decidir, el juzgador tuvo por probada la relación comercial de larga data habida primeramente entre Rosario Refrescos S.A. (hoy Embotelladora del Atlántico S.A.) y Ermando Coletti -entre 1973 y 1991- continuada luego por aquélla con la sociedad conformada por los herederos de este último, Suc. de Ermando Mario Coletti S.A. -entre 1991 y 1997-. Calificó a dicha relación como un contrato de distribución comercial.
Tuvo por acreditado también que la relación contractual fue interrumpida por voluntad unilateral de la demandada. Señaló que si bien en supuestos de contratos de distribución por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede extinguirlo por su propia voluntad y sin necesidad de invocar causa alguna, la jurisprudencia exige que dicha potestad resarcitoria esté precedida por una comunicación previa o preaviso que permita a la parte distribuidora adecuar su giro comercial a un nuevo emprendimiento y, en su caso, que facilite la reestructuración que sobrevendrá a partir del legítimo ejercicio del derecho de extinguir un contrato de tiempo indeterminado.
Señaló que en el caso, la potestad resarcitoria de la demandada fue ejercida ilegítimamente en razón de no haber cumplido la exigencia de comunicación anticipada del receso. Juzgó que en el caso habría resultado razonable un plazo de preaviso de dieciocho meses, atendiendo a la duración de la relación, considerando asimismo que ello habría sido suficiente para permitir a la distribuidora readecuar sus actividades comerciales.
Estimó procedente la indemnización reclamada en concepto de lucro cesante, compuesto por las utilidades netas que habría obtenido la demandada durante el período de preaviso que, con base en la pericial contable y en las facultades conferidas por el artículo 245 del Código Procesal, cuantificó prudencialmente en la suma de treinta y un mil quinientos pesos ($ 31.500.-) según cálculos que detalló. Señaló además que esa suma devengaría intereses a la tasa activa promedio mensual -sumada- según publicación del Banco de la Nación Argentina desde junio de 1996 -que fijó como fecha del distracto- y hasta el efectivo pago.
Por otro lado, rechazó las pretensiones relativas a los rubros "daño emergente", "clientela" y "daño moral". Impuso las costas en proporción al éxito obtenido y con criterio jurídico, con arreglo al artículo 252 del Código Procesal, en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo de la demandada, teniendo en consideración que si bien la demanda resultó procedente, igualmente fueron desestimados ciertos rubros de importancia económica.
2. Los recursos de apelación.
Contra el pronunciamiento interpusieron recurso de apelación la actora (a fs.624, concedido a fs.625) y la demandada (a fs.626, concedido a fs.627).
Elevados los autos y radicados en esta Sala, expresó agravios en primer lugar la parte actora (a fs. 648/651), los que fueron contestados por la demandada, quien a su vez expresó los propios (a fs.653/664). Contestados los agravios de la demandada (a fs.666/668) y consentido el llamamiento de autos (fs.670/672), quedó la causa en estado de dictar resolución.
No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes del caso que ha reseñado el fallo, por lo que en este aspecto corresponde remitirse a la sentencia de grado por razones de brevedad.
2.1. Los agravios de la actora.
2.1.1. La actora se queja, en primer lugar, por la cuantificación de la indemnización por lucro cesante en la suma de $ 31.500.
Afirma que el a quo realizó un cálculo sobre la base de datos extracontables de la Memoria de Ejercicio anexa al Balance, tales como la información relativa a la caída de ventas. Señala que el a quo se apartó así de la estimación del rubro efectuada en el dictamen pericial contable, por $ 53.569,44, sin motivación alguna que sustentara tal apartamiento, incurriendo en arbitrariedad.
Remarca que el dato en que se basó la estimación del judicante fue obtenido de la Memoria y destaca que ésta es un informe del directorio a sus accionistas con motivo de la presentación del balance, pero que no es en sí misma un documento contable. Entiende que el apartamiento del dictamen pericial no sólo careció de motivación suficiente sino que, además, se basó en información extracontable, para arribar a una conclusión insostenible.
Añade que el ejercicio contable en el cual el perito fundó sus estimaciones es el inmediatamente posterior a la ruptura contractual. Considera que ello es relevante porque, a su juicio, es de presumir que la ganancia de ese ejercicio debería ser necesariamente inferior a la de los anteriores a la pérdida de su principal distribución, de modo que las ganancias de las que se vio privada nunca pudieron ser inferiores a las obtenidas con posterioridad a la rescisión del contrato.
Menciona que también debe tomarse en consideración que el margen de utilidad, según el dictamen pericial, rondaba entre el 13,57% y el 16% de las ventas, lo cual a su entender revelaría que las ganancias obtenidas por la actora antes de la ruptura eran mucho mayores a las estimadas en el fallo. Expresa que la planilla de facturación aportada por la demandada es el único elemento aportado por esa parte al perito y señala que, incluso aunque se aplicasen los porcentajes mencionados a la facturación detallada en dicha planilla, las ganancias también resultarían mayores a las estimadas en la sentencia.
Recuerda que el juez de grado valoró la falta de colaboración de la demandada con la labor pericial y juzgó aplicable el artículo 196 del Código Procesal. Resalta que de acuerdo con la norma citada, la consecuencia de tal falta de colaboración es la posibilidad de estar a las afirmaciones de la parte contraria sobre el punto en cuestión. Pero señala que en concreto el magistrado no aplicó tal apercibimiento.
Expresa que el exiguo importe de las ganancias calculadas no se condice con el importante giro comercial cuya existencia reconoció el magistrado. Sostiene que existe allí una contradicción de la sentencia. Añade que la importancia del giro comercial se ve reflejada en las declaraciones testimoniales y la constatación notarial aportadas a la causa.
Concluye que la sentencia debe ser revocada en el aspecto bajo análisis y que corresponde fijar el monto del lucro cesante, como mínimo, en el importe estimado en la pericial contable o lo que en más considere el Tribunal.
2.1.2. En segundo término, cuestiona el rechazo de las pretensiones relativas a los rubros "daño emergente", "valor de clientela" y "daño moral".
Sostiene que la procedencia del lucro cesante calculada en relación al preaviso omitido no obsta a la procedencia de los rubros rechazados.
Por un lado señala, con apoyo en cita de doctrina, que no debe confundirse la indemnización por incumplimiento del preaviso con el desmedro del valor llave. Señala además que la sentencia incurrió en contradicción al tener en cuenta lo previsto en relación al preaviso en el proyecto que terminó por convertirse en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aún no vigente, pero omitió considerar lo establecido en el artículo 1.497 mismo cuerpo normativo en materia de compensación por clientela, al igual que, en el derecho comparado, la legislación europea.
Indica además que el testigo Sordini y la propia demandada en su pliego de posiciones hicieron referencia a un cambio en el modo de comercialización de los productos de aquélla. Señala que dicho cambio importó para la demandada el aprovechamiento de los clientes de la actora para continuar comerciando con ellos como si fueran clientes propios. Expresa que los ex clientes de la actora que declararon como testigos expusieron que continuaron directamente con la demandada la relación que en su momento tenían con la actora. Entiende que así surge clara la apropiación de la clientela, la cual -afirma- tiene un valor y debe ser indemnizada en tanto significa un enriquecimiento de la demandada a costa de la actora.
Por otro lado, en relación al pretendido daño moral, destaca que la persona jurídica demandante es una sociedad anónima de tipo familiar, integrada por los sucesores de Ermando Colletti. Recuerda que éste último es quien había iniciado la relación comercial con la demandada, relación que continuó con sus hijos, únicos socios de la sociedad familiar. Cita doctrina favorable a la procedencia excepcional del rubro en cuestión cuando se trata de una empresa familiar.
Sostiene que la ruptura de la relación comercial puso fin a la actividad de la actora y que ello produjo a los miembros de la empresa un daño moral resarcible. Destaca que el artículo 522 del Código Civil habilita la reparación del daño moral en el ámbito de la responsabilidad contractual y cita jurisprudencia en que se consideró procedente ese rubro en un caso de rescisión intempetstiva de un contrato de distribución.
2.1.3. Por último, se queja por la imposición parcial de costas a su cargo.
Sostiene que su crédito indemnizatorio viene así a sufrir un detrimento injustificado. Expresa que, aún cuando la demanda no hubiese procedido por todos los rubros, corresponde valorar que nos hallamos frente a una pretensión resarcitoria de responsabilidad civil contractual, destacándose que la sentencia acogió tanto la existencia del contrato negada por la demandada, como la concurrencia de la responsabilidad civil y sus presupuestos, resultando la demandada vencida en tales aspectos.
Sostiene, con cita de jurisprudencia, que tratándose de procesos de índole resarcitoria, la regla de distribución proporcional de las costas cede ante el principio de la reparación integral.
2.2. Los agravios de la demandada.
2.2.1. Cuestiona en primer término las consideraciones del fallo relativas a la continuidad entre la relación comercial de Rosario Refrescos S.A. con Ermando Coletti por un lado y con Suc. de Ermando Mario Coletti S.A. por el otro.
Sin perjuicio de afirmar la inexistencia de todo contrato de distribución, sostiene que no existió continuidad alguna sino que se trató en verdad de dos relaciones comerciales independientes entre sí, conformadas por diferentes sujetos. Señala que el a quo no explicó cuál sería la causa o el título jurídico por el cual la actora habría venido a ser continuadora de Ermando Coletti. Expresa que incumbía a la actora probar el vínculo, jurídicamente válido y eficaz, en virtud del cual dijo haber sucedido a Ermando Coletti en sus derechos y obligaciones, mientras que la sentencia debió valorarlo y en su caso establecerlo fundadamente. Afirma que dicho vínculo entre las relaciones comerciales no existe y que es crucial el error del a quo en este punto, al afirmar dogmáticamente la continuidad.
Recuerda que la sucesión hereditaria no pudo en modo alguno producir esa imaginada transferencia de derechos y obligaciones, desde que -afirma- la sociedad carece de vocación hereditaria. Añade que tampoco pudo transferirse unilateralmente el contrato de distribución, en atención a su carácter intuitu personae. Agrega que, de haber existido tal transferencia o cesión, debería haberse cumplido el procedimiento imperativo de transferencia de fondo de comercio acorde a lo normado en la ley 11.687. Resume que la actora Suc. de Ermando Mario Coletti S.A. no es sucesora, por ningún título, del señor Ermando Coletti.
Añade que la sentencia tampoco explica de modo jurídicamente razonable cómo podría haber ocurrido la supuesta transferencia del contrato de distribución, habida cuenta de su carácter intuitu personae y por tanto intransferible sin la voluntad concurrente de ambas partes.
Expresa que aun cuando la actora sea una sociedad de familia, integrada por los familiares del señor Coletti, seguirá siendo una persona (jurídica) distinta de la persona (física) de aquel comerciante individual; que la relación comercial con el señor Coletti se extinguió con su muerte sin posibilidad de extenderse a la sociedad; que no es posible considerar reunidas las mismas características personales entre el comerciante individual y la sociedad familiar; que a tenor del artículo 626 del Código Civil, las obligaciones de hacer no pueden ser ejecutadas por persona distinta del obligado cuando sus cualidades personales han sido determinantes; que tanto la doctrina como la propia sentencia de grado reconocen el carácter intuitu personae del contrato de distribución.
Afirma que el hecho de que Rosario Refrescos S.A., después de la muerte del señor Coletti, hubiese continuado vendiendo mercadería a la actora, no podría interpretarse como una continuación de las relaciones comerciales, sino que en todo caso estaríamos frente a una nueva relación comercial con diferentes sujetos.
Destaca que mediante la supuesta continuidad, la actora pretende valerse de una relación ajena a fin de obtener beneficios relacionados con una mayor estabilidad y desarrollo de su propia relación comercial, tendientes a una mayor expectativa de plazo de preaviso.
Concluye que, aun de confirmarse la existencia del contrato de distribución, la supuesta continuidad resulta completamente incausada y no puede fundar en modo alguno la obligación resarcitoria pretendida ni la mayor duración que la que efectivamente correspondería a la actora.
2.2.2. En segundo lugar, la demandada cuestiona que su ejercicio de la potestad resarcitoria haya sido calificado como intempestivo.
Aduce que decidió resolver el vínculo con fundamento en una causa justificada. En tal sentido afirma que en noviembre de 1997 descubrió que la actora fabricaba y comercializaba productos de la marca "Grial", de sabores naranja y lima-limón, en clara competencia con los productos distribuidos de las marcas Fanta y Sprite.
Sobre el particular expresa que la sentencia es contradictoria pues, por un lado, el a quo aseveró la inexistencia de prueba acerca de la comercialización por la actora de otras bebidas gaseosas y, por otro lado, tuvo por probado que la actora distribuía otros productos tales como vinos, cervezas y soda. Sostiene que la contradicción es evidente y que, dada la actividad en competencia, no hubo ilegitimidad en la disolución del vínculo sino que, antes bien, fue la actora quien llevó a cabo una actividad ilegítima al traicionar el contrato de distribución.
Sostiene que lo dicho se corrobora con la prueba rendida en autos y en tal sentido señala: que de la declaración testimonial de Sordini (fs.370) se desprende que la actora comercializaba garrafas, cervezas, licores y vino y que elaboraba y comercializaba soda; que en la pericial contable no pudo establecerse si, conforme a sus registros contables, la actora elaboraba y comercializaba soda de marca "Grial", toda vez que no le fueron exhibidos al perito dichas registraciones, no pudiendo la actora beneficiarse de su falta de colaboración con el perito; que en el estatuto de la sociedad demandante se establece como objeto social la fabricación de soda y la venta por mayor y menor de agua mineral; que en sus balances se detallan como bienes de uso "un potabilizador", "met. el. Soda", "maq. llenadora", "tapadora", "estampilladora", "maq. lavadora".
Resume que la terminación de las relaciones comerciales no fue arbitraria sino que tuvo justificación en el hecho de que la actora comercializaba productos en competencia directa con los de la distribuida. Postula, en consecuencia, la revocación del juicio de responsabilidad civil.
2.2.3. Subsidiariamente, cuestiona la extensión del plazo de preaviso tomado en cuenta para la determinación de la indemnización por lucro cesante.
En tal sentido señala que, como viene sosteniendo, la alegada distribución no duró veintiséis años ni la actora está legitimada para fundar su reclamo en un lapso mayor al que efectivamente estuvo vinculada con Rosario Refrescos S.A., desde 1991 a 1997.
En ese orden de ideas señala que el plazo de preaviso de dieciocho meses considerado por el a quo resulta excesivo para una relación comercial que duró seis años, resultando contrario a las pautas lógicas más elementales y a la propia jurisprudencia citada por el magistrado.
Así, expresa que en los fallos citados por el a quo se fijó un plazo de preaviso de seis meses para distintas relaciones contractuales, de seis y de once años respectivamente; añade la cita de otros precedentes en que se fijó un preaviso de tres meses para una relación de siete años y un preaviso de dos meses para una relación de cinco años; continúa la reseña de los fallos citados por el juez de grado, señalando que en ellos también se fijó un preaviso de seis meses para una relación comercial de treinta y cinco años, como asimismo un preaviso de seis meses para una relación comercial de sesenta y dos años y otra y de treinta años, etcétera.
Entiende que el fallo resulta así contradictorio ya que el preaviso fijado no guarda relación con las pautas de la jurisprudencia citada en sus fundamentos.
Concluye que, en el supuesto de que se confirmase la obligación de resarcir el lucro cesante, debería modificarse el plazo de preaviso considerado, adecuándolo a las pautas jurisprudenciales invocadas por el a quo, de modo que el plazo de preaviso a computar no supere los seis meses, incluso en la hipótesis de la supuesta continuidad de las relaciones comerciales que viene negando.
2.2.4. Por último, en cuanto a las costas, sostiene que la distribución efectuada por el a quo debe ser dejada sin efecto como consecuencia de la postulada revocación del fallo.
En su defecto, sostiene que la imposición de costas contenida en el fallo apelado resulta desproporcionada en relación con el resultado final del pleito. En tal sentido recuerda que la actora cuantificó sus pretensiones en un total de $ 907.700.- y que la demanda sólo prosperó por $ 31.500.-, es decir por un 3,47%. Por ello entiende que la carga de las costas sobre la demandada en un 70% deviene notoriamiente injusta en atención al éxito obtenido del 96,53%. Sostiene que, dado el rechazo casi total de la demanda, correspondía imponer las costas íntegramente a cargo de la actora ya que -expresa- esta última resultó vencida en términos objetivos.
3. Sobre la procedencia de los recursos de apelación.
Liminarmente corresponde señalar que si bien la expresión de agravios no está sujeta a formas sacramentales, tampoco importa una simple fórmula, puesto que tal recurso no constituye un simple medio de someter el proceso al parecer de otro tribunal sino que, para dar por cumplida la carga procesal contenida en el artículo 365 del Código Procesal, es menester que quien recurre presente una crítica razonada que intente seriamente refutar los puntos de la sentencia en los cuales el a quo basó su pronunciamiento, indicando concretamente, con claridad y precisión, los argumentos que considera erróneos o injustos, con exposición de los errores de hecho o de derecho y con la indicación de las pruebas del caso, cuestionamientos que deben formularse de modo autosuficiente, rebatiendo los fundamentos esenciales que sirven de sustento a la decisión atacada (cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1987, T.III, p.1218/1220; BARACAT, Edgar, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dir. Jorge W. Peyrano, coord. Roberto Vázquez Ferreyra, Juris, 1997, T.2, p.145/155 y sus citas), lo que no se verifica en la especie como se expondrá a continuación.
3.1. Por razones de orden lógico se tratarán en primer lugar los agravios de la demandada.
3.1.1. Ante todo corresponde señalar que no es atendible la sola afirmación de la apelante acerca de la inexistencia del contrato de distribución, expuesta en el memorial sin mayor desarrollo argumental.
En efecto y conforme a la doctrina desarrollada en torno al artículo 365 del Código Procesal, no basta con que se formulen afirmaciones contrarias a las que contiene la decisión atacada, sino que además es necesario que sus fundamentos se rebatan críticamente, lo que no se verifica en la aseveración del recurrente.
En consecuencia devienen firmes, por ausencia de crítica puntual en esta instancia, las consideraciones vertidas por el a quo con referencia a que se hallaba admitida por los litigantes la existencia de una relación comercial que los vinculó; que no obstaba a la existencia del contrato de distribución comercial la ausencia de su formalización por escrito en función del principio de libertad de formas consagrado en el artículo 974 del Código Civil; y que los elementos de confirmación obrantes en autos, que el magistrado valoró profusa y minuciosamente -entre ellos, declaraciones testimoniales de clientes de la actora y de clientes, distribuidores y dependientes de la demandada, actas notariales, afirmaciones volcadas por la propia demandada en la audiencia de absolución de posiciones de la demandante, documentación comercial aportada por la actora, defensas expuestas en la contestación de la demanda relacionadas con la supuesta comercialización por parte de la actora de productos en competencia con los fabricados por la distribuida, falta de colaboración de la demandada con la pericial contable en función del apercibimiento previsto en el artículo 196 de la ley ritual, ausencia de pruebas concretas relacionadas con afirmaciones vertidas en el responde orientadas a resaltar la inverosimilitud de las afirmaciones de la demandante, etcétera- demostraban la existencia de una relación comercial estable y de larga data entre las partes, sin plazo preestablecido de duración y con las notas caracterizantes de la distribución -tales como la existencia de instalaciones y logística necesaria para la distribución por parte de la demandante, la habitualidad en el suministro de las mercaderías con un importante giro comercial, la injerencia de la demandada en la actividad de la actora a través del control de la publicidad y con tareas de supervisión, la existencia de descuentos concedidos a la actora en su calidad de distribuidora y una zona de comercialización exclusiva -desarrollada desde su inicio el año 1973 hasta el distracto en junio de 1996-, siendo el objeto de la distribución las gaseosas elaboradas por la demandada.
3.1.2. Tampoco merece recepción el agravio relacionado con lo indicado por el a quo acerca de la continuidad entre la relación comercial primigenia de Rosario Refrescos S.A. con Ermando Coletti y la desarrollada posteriormente con Suc. de Ermando Mario Coletti S.A.
La apelante sostiene la inexistencia de título jurídico para la transmisión del contrato, propugnando por el fraccionamiento en dos relaciones comerciales independientes entre sí.
Lo cierto es que si bien como consecuencia del carácter intuitu personae de la relación de distribución, ciertas vicisitudes propias de las personas físicas tales como la muerte, incapacidad o inhabilitación de cualquiera de las partes provocarían, en principio, la extinción del contrato, nada obstaría, sin embargo, a que el emprendimiento del distribuidor, en caso de estar como en el sub iudice organizado como empresa, sea continuado por sus herederos, lo cual no se constituye de plano en óbice para la subsistencia del contrato, pudiendo ocurrir que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, la subrogación sea aceptada por la contraparte en cuyo interés se establece la inherencia personal (arg. art. 1.195 Cód. Civ., a contrariu sensu; PITA, Enrique M. y PITA, Juan M., en Código de Comercio comentado y anotado, dir. Adolfo A. N. Rouillon, La Ley, 2005, T.II, p.728).
De igual modo, siempre que haya aceptación de la parte distribuida interesada en las cualidades personales de su cocontratante, la posición contractual del distribuidor (o de sus herederos) bien podría ser cedida a un tercero (en el caso, a la sociedad actora) sin que ello implique extinción del contrato (v. GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., Distribución comercial: La indemnización resarcitoria por su ruptura intempestiva, LLLitoral 2002-983).
Por lo demás, la apelante no pone en tela de juicio el razonamiento fáctico probatorio del magistrado anterior, en cuanto expuso que conforme a la prueba producida en autos, la sociedad demandante asumió en l os hechos la posición contractual de Ermando Coletti en el contrato de distribución que lo vinculaba con la demandada y la continuación del contrato en esos términos fue consentida por esta última, quien siguió proveyendo sus productos a la aquí demandante sin oponer objeción alguna, de modo que en la realidad tangible existió una única relación comercial a través del tiempo, comenzada por Ermando Coletti y seguida por la sociedad constituida por sus herederos (consid. n° 4.4 del fallo de primera instancia).
En este punto, la apelante se limita a afirmar que hubo dos vínculos distintos, pero tal afirmación no aparece sustentada argumentalmente en pruebas o indicios -que tampoco se detectan en esta alzada- que puedan dar cuenta de la celebración de un nuevo contrato entre Rosario Refrescos S.A. y Suc. de Ermando Mario Coletti S.A., distinto al celebrado originariamente con Ermando Coletti, en orden a desvirtuar la valoración probatoria efectuada por el a quo.
Así pues, pese al esfuerzo argumental, la crítica no logra persuadir acerca del error endilgado al criterio del juez anterior.
3.1.3. Tampoco configuran agravio jurídicamente computable, las críticas relacionadas con el rechazo de la versión fáctica proporcionada en el responde, atinente a la extinción del vínculo a causa, supuestamente, de la fabricación y comercialización por la actora de bebidas gaseosas de la marca "Grial" (sabores naranja y lima-limón), en competencia con las gaseosas de las marcas Fanta y Sprite elaboradas por la demandada.
Ante todo, no se advierte contradicción del judicante al descartar por un lado que la actora comercializara gaseosas en competencia con las elaboradas por la distribuida y al considerar probado, por otro lado, que la actora distribuía productos tales como vinos, cervezas y soda (agua gasificada o carbonatada, sin saborizantes), ya que se trata en todo caso de productos no comprendidos en el rubro "gaseosas", entendiéndose por tales a ciertas bebidas efervescentes, endulzadas, saborizadas y sin alcohol. Cabe recordar que el vicio de contradicción implica una irreductible oposición entre los propios fundamentos del fallo recurrido y, desde este punto de vista, el fallo recurrido no evidencia deficiencias lógicas.
Por lo demás, la protesta de la apelante configura, en rigor, una mera discrepancia con la ponderación probatoria efectuada por el juez anterior, sin confutar eficazmente, con sustento en argumentos jurídicos y en las probanzas de la causa, las conclusiones fáctico probatorias contenidas en la sentencia.
Se recuerda que sobre el particular, el juez de grado señaló que no existían en autos pruebas concluyentes acerca de la alegada producción y/o comercialización por parte de la actora de otras bebidas gaseosas aparte de las elaboradas por la demandada.
En este aspecto, las probanzas que invoca la apelante en sustento de su agravio (declaración testimonial de Sordini a fs.370, relativa a la comercialización de garrafas, cervezas, licores, vino y soda; la falta de colaboración de la actora con la producción de la pericial contable en orden a establecer si aquélla elaboraba y comercializaba soda; el objeto social de la demandante, según el estatuto, en lo tocante a la fabricación de soda y la venta por mayor y menor de agua mineral; los balances de la actora en cuanto detallan la existencia de ciertas máquinas tales "un potabilizador", "met. el. Soda", "maq. Llenadora", "tapadora", "estampilladora", "maq. Lavadora") no desvirtúan en modo alguno la conclusión del juzgador.
En concreto, de las referidas probanzas no se desprende la producción y/o comercialización de productos en competencia con los elaborados por la demandada, esto es, productos comprendidos en el rubro "gaseosas" (con el significado antes indicado), particularmente de la marca "Grial", sabores naranja y lima-limón (en similar sentido, v. CNCom, Sala B, 22.08.2007, La Ley Online AR/JUR/6119/2007).
Sin perjuicio de lo anterior, la apelante no controvierte un aspecto del razonamiento que el a quo consideró decisivo, en el sentido que, en cualquier caso, no existían constancias que autorizaran a concluir que la eventual comercialización de productos en competencia hubiese sido, verdaderamente, el motivo del cese de la relación de distribución. Tal argumentación, que otorga sustento autónomo y suficiente al tramo del pronunciamiento bajo análisis, no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, lo que permite tener a la interesada por conforme ese punto de la sentencia (arg. art.365, C.P.C.C.).
En suma, no ha sido desvirtuada la conclusión de la sentencia referida a que la potestad rescisoria de la demandada fue ejercida ilegítimamente en razón de haberse omitido su comunicación anticipada.
3.1.4. En lo tocante a las objeciones formuladas con respecto a la extensión del plazo de preaviso tomado en cuenta para la determinación de la indemnización por lucro cesante, se advierte que la disconformidad de la apelante se centra en las consideraciones del fallo atinentes a la continuidad de la relación comercial iniciada por Ermando Coletti y asumida luego por Suc. de Ermando Mario Coletti S.A., computada expresamente por el a quo a los fines de ponderar la antigüedad de la relación y fijar el tiempo de preaviso. El agravio constituye, pues, una reiteración dogmática de argumentos ya considerados y rechazados anteriormente, correspondiendo remitir a los fundamentos precedentes.
Por lo demás, la mera referencia a lo decidido por otros tribunales en casos similares que, según la recurrente, habrían aplicado plazos de preaviso menores en supuestos de relaciones comerciales de diferentes plazos de duración, resulta por sí sola insuficiente para persuadir acerca de la eventual irrazonabilidad de la solución propiciada por el a quo para las circunstancias particulares del presente caso.
En torno a la cuestión sobre cuán extenso debe ser el preaviso para que se lo pueda considerar razonable, la jurisprudencia ha sido muy variada y, sobre el particular, se ha señalado que la razonabilidad del preaviso se relaciona con el tiempo que sea apto a efectos de que el distribuidor tenga la posibilidad de readecuar su estructura empresaria a la nueva situación o, en su defecto, proceder a un cierre ordenado, de modo que lo razonable variará en función de distintas pautas, debiendo computarse no sólo el plazo por el cual haya estado vigente el contrato, sino también su objeto específico y las inversiones requeridas por el negocio, las inversiones efectivamente realizadas, la existencia de nuevas inversiones en tiempos próximos a la resolución, etcétera (C1aCCSan Isidro, Sala I, 04.04.2007, La Ley Buenos Aires 2007-950).
Desde tales coordenadas estimo que el memorial de la apelante falla en explicar por qué el plazo del preaviso fijado en la sentencia resultaría irrazonable o excesivo en función de las particulares circunstancias del caso.
3.2. A continuación se pasará revista a los agravios de la actora.
3.2.1. En lo relacionado con la cuantificación de la indemnización por lucro cesante, se destaca que sobre el tema expuso el juez de grado que la indemnización por este rubro debía calcularse sobre la base de las utilidades que habría obtenido la actora si hubiese continuado efectuando la distribución de los productos de la demandada durante el lapso de preaviso.
En esa tarea expuso que: "el monto del resarcimiento debe fijarse atendiendo a los últimos ingresos del distribuidor, ya que de habérsele concedido el plazo, éste habría correspondido al último tramo de la relación, resultando razonable que las ganancias que se reconozcan se encuentren vinculadas a las últimas obtenidas y no a las lejanas, aunque correspondan a tiempos de mayor bonanza, debiendo tomarse en cuenta las utilidades netas y no las brutas, provenientes de las ventas hechas exclusivamente de los productos fabricados por la demandada (CNCom, Sala B, 31.05.2000, J.A. 2001-II-208; CNCom, Sala B, 17.08.2007, 'Conti c. Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.' L.L. Online; CNCom, Sala C, 24.11.2005, L.L. 2006-D-11; CNCom, Sala C, 14.10.2005, E.D. 216-318; CCCSF, Sala I, 09.02.2007, L.L. Litoral 2007-1238).
El dictamen pericial contable rendido en autos y los elementos que aportó el perito contador al mismo, permiten realizar una estimación del rubro en cuestión con base en las facultades conferidas en el art. 245 del C.P.C. y C., procedimiento al que se acude, no obstante la escasez probatoria que campea en este tópico, en función del tiempo transcurrido y los años que lleva el conflicto, aclarando desde ya que la estimación que formuló la accionante en su escrito inicial no resulta computable al no hallar respaldo en las constancias de la causa.
Y bien, de la memoria agregada a los estados contables correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01.07.1996 y cerrado el 30.06.1997 de la actora, se desprende que la pérdida de la calidad de distribuidora representó una caída de ventas del orden del 37% (fs.498). Del estado de resultados correspondiente al mencionado ejercicio surge que la actora, en el período considerado, tuvo ingresos por ventas por un importe de $ 1.211.991,78 y una ganancia neta de $ 35.713,01, lo que representa un 2,95% sobre las ventas (fs.501).
Y bien, teniendo en cuenta que en ese ejercicio la actora ya no ostentaba la calidad de distribuidora, corresponde proyectar el 37% sobre los guarismos recién referidos. Formulados los cálculos pertinentes se obtiene una cifra de unos $ 710.000, representativa del porcentaje de disminución de ventas y sobre la cual se debe aplicar el 2,95% a fin de establecer aproximadamente la ganancia neta anual, la que se estima en $ 21.000 y, de consiguiente, la ganancia neta mensual se fija en $ 1.750.
Multiplicado ese guarismo por los 18 meses antes aludidos se obtiene una cifra de $ 31.500 que es el monto que se fija por este rubro".
Los cuestionamientos de la apelante son en este punto contradictorios ya que, por un lado, objeta que el juez de grado se haya apartado del cálculo efectuado en el dictamen pericial contable de fojas 562/568 (especialmente en el punto 8, a fs.563 vta.) respecto de la utilidad dejada de percibir por la actora durante el lapso del preaviso omitido, pero por otro lado desprecia dicha estimación pericial por estar basada en el ejercicio contable inmediatamente posterior a la ruptura contractual (impugnación que, por otra parte, ya había vertido en su alegato al evaluar el mérito de la prueba pericial, a fs.601 vta.).
Tal conducta procesal contradictoria resulta susceptible de erigirse en un argumento de prueba contrario a su pretensión (cfr. PEYRANO, Jorge W., La doctrina de los propios actos en el ámbito del procedimiento civil, en Valoración judicial de la conducta procesal, del Ateneo de Estudios del Proceso Civil, dir. Jorge W. Peyrano, coord. Daniel Fernando Acosta, Rubinzal Culzoni, 2005, p.221 y ss.).
Adicionalmente, es exacto que la estimación pericial se basó en datos del ejercicio contable inmediatamente posterior al distracto, pues el perito tomó como base de cálculo a la utilidad que surgía del balance al 30.06.1997 (v. fs.563 vta.). Siendo ello así, el razonamiento del a quo referente a que el monto del resarcimiento debía fijarse en función de los ingresos netos del distribuidor correspondientes al último tramo de vigencia de la relación, es coincidente con la argumentación de la apelante en cuanto sostiene que deben tomarse como base del cálculo las ganancias correspondientes al ejercicio anterior a la ruptura contractual y no las del ejercicio contable posterior como hizo el perito. De modo que no llega a comprenderse dónde fincaría el agravio relacionado con el alegado apartamiento infundado del dictamen.
A su vez, no resulta censurable, como pretende la apelante, el hecho de que el juez de grado haya tomado como punto de partida de sus cálculos y ante la ausencia de datos más precisos, lo expuesto por la sociedad actora en la memoria agregada a los estados contables del ejercicio cerrado el 30.06.1997, en el sentido de que la pérdida de la calidad de distribuidora de los productos de la demandada representó para aquélla una caída de ventas del orden del 37% (fs.498), en orden a proyectar retrospectivamente hacia el ejercicio anterior y en esa proporción, los ingresos por ventas y el correspondiente porcentual de ganancia neta sobre ventas que surgían de los referidos estados contables.
Ello es así por cuanto, aparte de tratarse de documentación confeccionada y aportada al proceso por la propia actora, la memoria (art. 66 ley 19.550) resulta en el caso sumamente relevante pues se trata de un acto de información complementaria de los estados contables, debido por los administradores societarios, que tiende a exponer subjetivamente los hechos, circunstancias, datos y razones vinculados con aquéllos, con el fin de servir a su interpretación; aunque no es un estado contable, debe redactarse siguiendo los mismos principios de veracidad y exactitud con que deben confeccionarse aquéllos, apuntando a una veraz, sincera y completa información a los socios o accionistas sobre los aspectos patrimoniales, económicos y financieros de la empresa (cfr. VERÓN, Alberto V., Tratado de las Sociedades Anónimas, La Ley, 2008, T.II, p.916 y ss.; NISSEN, Ricardo A., Ley de sociedades comerciales, 3ra. ed., Astrea, 2010, T.1, p.718/721).
A todo evento, constituyen indicios sobre cuya base el juez estimó (conforme a las facultades conferidas por el art.245 C.P.C.C. que invocó) para arribar al resultado final.
Por otro lado, no es certera la afirmación de la apelante de que, según el dictamen pericial, el margen de utilidad de la actora con posterioridad al distracto hubiese rondado entre el 13,57% y el 16% de las ventas (arguyendo que por tanto las ganancias anteriores a la ruptura debían ser mayores). Tales porcentajes informados por el perito refieren a meras bonificaciones que la demandada habría realizado sobre las compras efectuadas por la actora entre julio de 1996 y noviembre de 1997, posteriores al distracto (cabe acotar que sobre las compras de mercaderías posteriores a junio de 1996, el juez de grado juzgó plausible la explicación que brindó la actora al absolver posiciones, en el sentido que se trató de compras que no diferían en cuanto a sus condiciones de las que se le hacía a cualquier comerciante no distribuidor). De modo que dicho margen de bonificaciones podría erigirse, a lo sumo, en una diferencia bruta de precios de compra y de reventa, mas no en ganancias netas -o sea con deducción de los costos operativos, laborales, impositivos, etcétera-.
A su vez, la queja de la apelante por la no aplicación del apercibimiento del artículo 196 del Código Procesal frente a la falta de colaboración de la demandada con la labor pericial valorada en la sentencia, no trasunta más que su mero disgusto con el fallo, sin entidad de agravio.
Debe remarcarse que el artículo 196 no impone obligatoriamente al juez la aplicación del apercibimiento contemplado, sino que lo faculta a hacerlo, en cuya hipótesis debe tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio jurisprudencial Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1986, T.II, p.734; CCCRos, Sala I, 30.12.1947, J.T.S.F. 26-685).
En tal sentido se ha señalado que los magistrados, aparte de prudentes, deben ser extremosos en orden a verificar si realmente corresponde aplicar la doctrina del valor probatorio de la conducta en juicio de las partes, doctrina de la cual constituye una aplicación puntual el artículo 196 del Código Procesal y que no establece otra cosa que un indicio que debe ser ponderado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Código Procesal (PEYRANO, Jorge W., Límites de la doctrina del valor probatorio de la conducta procesal de las partes, La Ley 1990-E-892; PEYRANO, Jorge W., en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dir. Jorge W. Peyrano, coord. Roberto A. Vázquez Ferreyra, Juris, 1997, T.1, p.558).
En el sub iudice, la quejosa no concreta una crítica razonada con respecto a lo señalado por el juzgador en el sentido de que la estimación formulada por la accionante en su escrito inicial carecía de todo respaldo en las constancias de la causa. Es decir, que la falta de colaboración de la demandada con la prueba pericial, por sí sola, no logra superar el status de un mero indicio, sin llegar a conformar un marco presuncional serio en relación a la magnitud del lucro cesante.
Por último, no se advierte contradicción ni irrazonabilidad alguna en el reconocimiento efectuado en la sentencia acerca de la existencia de un importante giro comercial atinente al contrato de distribución extinguido, en contraposición con la cuantía de la indemnización reconocida en concepto de lucro cesante, toda vez que, a la hora de fijar el resarcimiento, el juez de grado tomó en consideración la documentación contable presentada por la propia actora, especialmente sus ingresos por ventas anuales (representativas de la importancia del giro comercial) así como la correlativa proporción de ganancias netas. La tacha constituye una apreciación subjetiva proveniente de la propia parte, sin respaldo alguno.
3.2.2. En cuanto a los demás rubros resarcitorios reclamados, se advierte en primer lugar que si bien la apelante afirma sentirse agraviada por la desestimación de la indemnización por el rubro "daño emergente", no desarrolla argumento alguno sobre el particular, omisión que autoriza a tenerla por conforme ese punto de la sentencia (arg. art.365, C.P.C.C.).
En segundo lugar, con relación al rechazo del rubro "valor clientela", el memorial no contiene una crítica jurídicamente razonada en los términos del artículo 365 del Código Procesal, respecto de las consideraciones vertidas por el a quo sobre el particular.
En efecto, la apelante se limita a afirmar dogmáticamente que el cambio en el modo de comercialización de los productos de la demandada, al pasar ésta a vender sus productos en forma directa, habría importado el aprovechamiento o apropiación de los clientes de la actora. Pero omite hacerse cargo, mediante una crítica fundada, de las razones en que se sustentara el rechazo del a quo, en el sentido de que la doctrina señala que "la clientela pertenece al producto o la marca, y no al que los comercializa, y que, en el estado actual de la jurisprudencia, su indemnización procede sólo a título excepcional y en función de las circunstancias particulares del caso" (con apoyo en citas de MARZORATI, Sistemas de distribución comercial, 2da. ed., Astrea, 1995, p.85; PITA, Enrique M. y PITA, Juan M., en Código de Comercio comentado y anotado, dir. Adolfo A. N. Rouillon, La Ley, 2005, T.II, p.757; CNCom, Sala B, 10.06.2004, La Ley Online AR/JUR/2096/2004; CNCom, Sala B, 31.05.2000, Jurisprudencia Argentina 2001-II-208; CNCom, Sala D, 20.04.2001, El Derecho 193-395; CNCom, Sala B, 07.06.2000, Lexis Nº 11/34533; CNCom, 22.08.2007, SAIJ N0015199; CNCom, Sala B, 31.10.2002, SAIJ N0010412), añadiendo luego que "en autos no se ha demostrado que la 'clientela' para los productos de la demandada no existiera antes de la intervención del actor como distribuidor, ni que la misma se haya incrementado notoriamente en comparación con otros distribuidores, ni, en general, que el actor haya participado concreta y determinantemente en la obtención de dicha clientela" (consid. n° 7.3 del fallo apelado).
La mera referencia a la tendencia de la "legislación comparada europea" carece de entidad de agravio y, en todo caso, los antecedentes de derecho comparado no pueden ser trasladados automáticamente al nuestro.
Y la mención de lo previsto en materia de compensación por clientela en el artículo 1.497 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación carece de virtualidad para modificar lo decidido pues, aun dejando de lado que todavía no ha entrado en vigencia y que dicha norma atañe a los contratos de agencia mientras que a los contratos de distribución les resultarían aplicables en lo pertinente las normas correspondientes al contrato de concesión (art. 1.511 inc. b), de todos modos y como mera hipótesis de trabajo corresponde señalar que la compensación por clientela sólo se otorgaría, de acuerdo con la norma citada, al agente que mediante su labor hubiese incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, siempre que su actividad anterior pudiere continuar produciendo ventajas sustanciales a éste, es decir, se trataría de un derecho de procedencia excepcional supeditado a pautas de evaluación similares a las utilizadas por el a quo, no esforzándose la apelante por demostrar -ni advirtiéndolo este tribunal- la configuración en el caso de tales circunstancias de excepción, de lo que se sigue que la simple invocación del citado artículo 1.497 resulta inconducente para persuadir que el criterio del juzgador haya sido equivocado.
Y en tercer lugar, en lo tocante a la pretensión por daño moral, se advierte que lo invocado por la apelante acerca de la posibilidad en abstracto de indemnizar perjuicios de índole extrapatrimonial en la órbita de la responsabilidad contractual conforme al artículo 522 del Código Civil, así como su cita de jurisprudencia que, en casos de ruptura intempestiva de contratos de distribución, ha admitido la procedencia de un resarcimiento de tal naturaleza en favor de personas físicas, no rebaten eficazmente uno de los fundamentos en que el juez sustentó el rechazo de esa pretensión, en tanto sostuvo que "tratándose (la actora) de una persona jurídica, es criterio dominante el que propicia su improcedencia dado que éstas no pueden experimentar alteración disvaliosa de su espíritu. Así lo ha declarado la jurisprudencia incluso en casos de contratos de distribución" (con cita de CNCom, Sala A, 17/08/1999, Jurisprudencia Argentina 2000-IV-213).
Sobre el particular resulta significativo lo expuesto por la apelante en su memorial, en el sentido de que "la misma ruptura de la actividad comercial que finalmente terminó con la propia actividad de la actora, evidentemente ha producido a los miembros de la empresa (no a la sociedad integrada por ellos, se destaca aquí) un daño moral resarcible" (v. fs.650, in fine).
Menciona la quejosa que cierta doctrina sería favorable a la procedencia excepcional del rubro en cuestión cuando el perjudicado es, como en autos, una sociedad anónima de tipo familiar. Pero en realidad el autor citado habla de "empresas familiares" y no de "sociedades familiares" (la empresa no se encuentra necesariamente vinculada a una forma jurídica, es decir, la noción económica de empresa no responde estrictamente a una determinada estructura jurídica sino que para su desenvolvimiento puede adoptar cualquier forma, societaria o no, cfr. GAGLIARDO, Mariano, Empresa de Familia, en 'Tratado de la empresa', dir. Ana I. Piaggi, Abeledo Perrot, 2009, T.I, p.341 y ss.).
En efecto, expresa el autor citado por la apelante: "...toda regla admite su excepción y si, por ejemplo, la ruptura abrupta de una relación muy antigua lleva a una empresa familiar a la ruina, puede hablarse de daño moral. Si el demandante logra probar una afección a bienes extrapatrimoniales, el juez deberá ordenar la reparación, puesto que de lo contrario incurrirá en una sentencia arbitraria", no sin antes haber advertido que "...se ha afirmado que 'la reparación del daño moral será restrictiva en su consagración en los casos de distracto de la distribución pero su posibilidad, al estar contemplada en el articulo 522 del Código Civil, procederá de acuerdo a los principios generales en la materia, teniendo en cuenta: 1) La efectiva producción de 'dolor' o daño en las afecciones legítimas; 2) la malicia de la intempestividad, y 3) el carácter de persona jurídica o física del afectado'", aclarando en nota al pie que "En relación a la legitimación activa de las personas jurídicas para el reclamo de daño moral la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha sido negativa (conf. CSJN, 'Kasdorf c/Prov. de Jujuy', L. L. 1994-B-449). La doctrina que opina negativamente: CIFUENTES, Santos, 'El daño moral y la persona jurídica', en 'Derecho de Daños', La Rocca, 1989, p. 393; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, 'Las personas jurídicas no son sujetos pasivos de daño moral', en E. D. 138-188; PIZARRO, Ramón Daniel y ROITMAN, Horacio, 'El daño moral y la persona jurídica', en 'Revista de Derecho Privado y Comuntario', N° 1, p.215; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, 'Resarcimiento de daños. Daños a la persona', Hammurabi, t.2, p.75. Para un análisis profundo del tema: PIZARRO, Ramón Daniel, 'El daño moral, Hammurabi, 1996'" (v. LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal Culzoni, 1999, T.I, p.581/582). Se advierte, pues, la impertinencia de la cita doctrinal.
De cualquier modo, la invocación de citas doctrinarias y jurisprudenciales efectuada por la apelante deja sin controvertir el otro fundamento de la conclusión del judicante, de carácter decisivo, en cuanto expuso que aún prescindiendo -por hipótesis- del criterio que propicia la improcedencia del resarcimiento de daño moral en favor de personas jurídicas, "no se han arrimado al expediente elementos probatorios que permitan formar convicción acerca de la existencia de una lesión extrapatrimonial resarcible, lo que era especialmente exigible no sólo por el carácter de persona jurídica sino porque, en el ámbito contractual y más en el contractual comercial, este renglón indemnizatorio es de interpretación restrictiva", cabiendo por tanto tener a la apelante por conforme ese punto de la sentencia que otorga sustento autónomo a lo decidido (arg. art.365, C.P.C.C.).
3.3. Los agravios de ambas partes relativos a la distribución de las costas de la primera instancia se tratarán conjuntamente a continuación, adelantándose que sus protestas no habrán de prosperar.
Es que de acuerdo con lo normado en el artículo 252 del Código Procesal, en caso de vencimientos recíprocos como en el sub iudice las costas deben compensarse o distribuirse en proporción al éxito obtenido, siendo generalmente aceptado que la ponderación debe hacerse prudencialmente, con criterio jurídico y no meramente matemático (cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1986, T.II, p.942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Peyrano, Jorge W., director, Vázquez Ferreyra, Roberto coordinador, T.1, Juris, 1997, p.781/782).
Pues bien, por un lado, la demandada alega que la imposición de las costas en un setenta por ciento (70%) a su cargo resulta desproporcionada al éxito obtenido por la actora, teniendo en consideración el monto demandado. Pero omite ponderar que resultó vencida en el tema principal del juicio de responsabilidad contractual. Cabe remarcar que la proporcionalidad mentada por el citado artículo 252, en orden efectuar la distribución de costas en caso de vencimientos recíprocos, debe interpretarse, como se ha expresado, con criterio jurídico y no matemático o aritmético, lo cual implica valorar por el tribunal la trascendencia de lo admitido y lo desestimado. En concreto, el resultado del juicio de responsabilidad tiene particular relevancia en la distribución de las costas (v. de esta Sala, Acuerdo N° 3 del 03.02.2015, causa "Vázquez c. Rosario Bus S.A.", entre muchos otros).
A su vez, la demandante también resultó vencida en lo relativo a la indemnización del lucro cesante y, en este punto, no puede considerarse que haya mediado diferencia verdadera entre lo pretendido y lo acordado ya que, desde un inicio, la actora supeditó la cuantificación de cada rubro reclamado a lo que en más o en menos estimara el tribunal sobre la base de la prueba a producirse (v. fs.7/9 vta.). Es criterio reiterado de esta Sala que cuando el actor efectúa una estimación meramente provisional y prudente de un concepto reclamado -con subordinación al resultado de la prueba o al arbitrio jurisdiccional- y el monto acogido en la sentencia resulta inferior al valuado originariamente, cabe interpretar que el real valor litigioso no es el indicado en la demanda sino el finalmente establecido en la sentencia, criterio que se justifica porque la estimación originaria del actor fue condicionada y no lisa y llana, es decir, se subordinaba a factores de cuyo esclarecimiento dependía, desde el inicio, el monto del juicio, careciendo tal diferencia numérica de significado jurídico al haber ingresado en la litis de modo condicionado e interino (arg. art. 253, tercer párrafo, C.P.C.C.; cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, vol. 3: El proceso de daños, Hammurabi, 1993, p.394; de la misma autora, Tratado de Derecho Resarcitorio; 2. El proceso de daños y estrategias defensivas, Juris, 2006, p.610 y ss.; TSJCórdoba, 27.12.1991, Semanario jurídico Nº 891, p. 236, del 02.07.1992; SCJMendoza, Sala I, 23.08.1993, J.A. 1994-III-201; criterio de esta Sala en su actual integración, autos "Travacio c. Paternó", Acuerdo N° 463 del 24.11.2009, entre otros).
De modo que la desproporción alegada por la demandada no es tal, ya que su triunfo -acotado a los demás rubros reclamados (daño emergente, valor de clientela y daño moral)- tuvo adecuado reflejo en la imposición del treinta por ciento (30%) de las costas a cargo del actor.
Por otro lado, tampoco es atendible la pretensión de la actora orientada a que se la exima totalmente de la carga de las costas, sobre la base del principio de reparación integral.
Sobre el particular también es criterio reiterado de esta Sala que los juicios resarcitorios no escapan a la posibilidad de encuadramiento en el artículo 252 del Código Procesal y así, para determinar la proporción que a cada litigante le corresponde en el pago de las costas, debe atenderse a la entidad de cada capítulo reclamado según haya sido acogido o desestimado, pues no debe ser igual al efecto de las costas que se reconozcan todos los rubros o sólo algunos, ya que el rechazo de un rubro reclamado importa una derrota objetiva de la actora en la pretensión deducida, por el ítem declarado improcedente, no tratándose aquí de un problema de montos o de estimación de los distintos rubros sino de una partida no reconocida en el juicio resarcitorio y es allí donde la defensa de la demandada obtiene parcial éxito que debe reflejarse en las costas de acuerdo al artículo 252 del Código Procesal (v. de esta Sala, Acuerdo N° 357 del 14.09.2010, causa: "Martínez c. Escuela 658"; Acuerdo N° 167 del 27.05.2008, autos: "Zapata c. Banco de Galicia S.A."; Acuerdo N° 349 del 18.09.2008, causa: "Safety Sistemas y Servicios de Seguridad c. Cargill S.A.C.I.", entre otros).
Ello es justo porque desalienta los reclamos excesivos y obliga a una actitud prudencial del demandante sabiendo que el éxito parcial (y no total), tendrá su repercusión en materia de costas procesales, sin escudarse en impunidades. En esa dirección resulta relevante la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto ha descalificado el criterio de imposición de costas en su totalidad a la demandada en un juicio de responsabilidad civil, fijada con abstracción de las reclamaciones que no hayan progresado y con sustento en la negativa global de la demandada a las pretensiones y en que la noción de vencido ha de establecerse sin tomar en cuenta los valores aritméticos de las pretensiones y sus resultados; tales criterios, para la Corte, importan desconocer que parte de la pretensión original fue rechazada (algunos rubros o partidas fueron desestimados y otros reconocidos) y que por lo tanto la parte actora resultó parcialmente vencida en tal sentido, tornándose aplicable el artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (equivalente a nuestro art. 252 del C.P.C.C.), en función de los éxitos parciales (Fallos: 328:758, especialmente el considerando nº 5 y su remisión al dictamen del Procurador General de la Corte, causa: ?Sontag c. Banco de Galicia?).
Así voto.
Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Peyrano dijo: Que coincide con lo expuesto por la señora vocal doctora Serra y vota de la misma manera.
Sobre esta misma cuestión, el señor vocal doctor Chaumet, dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.
Sobre la tercera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:
En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde desestimar el recurso de nulidad deducido por la demandada y rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes.
Las costas de esta segunda instancia se distribuirán en función de los recíprocos vencimientos obtenidos en esta sede, los cuales, al versar sobre los mismos capítulos controvertidos en primera instancia, se ponderarán manteniendo el criterio de distribución utilizado por el a quo. Corresponde, por tanto, imponer las costas de alzada en un treinta por ciento (30%) a cargo de la actora y en un setenta por ciento (70%) a cargo de la demandada (art.252, C.P.C.C.).
Los honorarios profesionales de alzada se fijan en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia (art.19, ley 6.767).
Así me expido.
Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Peyrano dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en igual forma.
Concedida la palabra al señor vocal doctor Chaumet, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera, Integrada, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad deducido por la demandada. 2) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes. 3) Imponer las costas de alzada en un treinta por ciento (30%) a cargo de la actora y en un setenta por ciento (70%) a cargo de la demandada (art. 252, C.P.C.C.). 4) Regular los honorarios profesionales de alzada en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia. Insértese, hágase saber, bajen y tómese nota marginal en el protocolo del juzgado de origen. (Expte. Nro. 38/2014).
mm.




SERRA





PEYRANO CHAUMET
-art.26 ley 10.160-

Sumarios del fallo 1


CIVIL - COMERCIAL

Tesauro > CONTRATO DE DISTRIBUCION
Tesauro > EXTINCION DEL CONTRATO
Tesauro > DAÑOS Y PERJUICIOS
Tesauro > RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Tesauro > LUCRO CESANTE
Tesauro > DAÑO MORAL
Tesauro > CLIENTELA

CONTRATO DE DISTRIBUCION. EXTINCION DE CONTRATO. DAÑOS Y PERJUICIOS. LUCRO CESANTE. DAÑO MORAL.CLIENTELA

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