• Carátula: RODCAR S.R.L. c/ BANCO MACRO S.A. s/ JUICIOS ORDINARIOS
  • Fecha: 18/02/2019
  • Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III)
  • Jueces: Sergio José BARBERIO - Roberto Héctor DELLAMONICA - Carlos Emilio DEPETRIS -
  • Fuente: Fuente Propia
  • N° de expediente:
  • Año de causa: 0
  • N° de tomo: 020
  • Folio N°: 417
  • Resolución N°: 10
  • Cita: 223/19
  • N° de SAIJ:
  • N° de CUIJ: 21 - 28038 - 8

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*1005278130*
21-00028038-8
RODCAR SRL C/ BANCO MACRO S.A. S/ JUICIOS ORDINARIOS
CAMARA APELACION CIVIL Y COMERCIAL (SALA III).
En la ciudad de Santa Fe, a los 18 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Roberto Dellamónica, Sergio J. Barberio y Carlos E. Depetris para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fojas 669 de estos caratulados: "RODCAR SRL C/ BANCO MACRO S.A. S/ JUICIOS ORDINARIOS" (CUIJ 21-00028038-8) contra la sentencia pronunciada en fecha 27 de marzo de 2018 (fs. 657/668) por la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación, habilitada la instancia de grado por la providencia de fecha 25 de abril de 2018. Dispuesto el orden de votación en coincidencia con el de estudio de la causa, resulta: primero Dellamónica, segundo Barberio y tercero Depetris.
Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Procede el Recurso de Nulidad?
Segunda: En caso contrario, ¿Es justa la sentencia?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A la primera cuestión el juez Dellamónica dice:
Que el recurrente interpuso conjuntamente con el de apelación, recurso de nulidad, y siendo que no ha formulado ningún agravio en sustento de la invalidez anunciada, corresponde declarar desierto dicho recurso (arts. 125, 361, 364, 378 y cc. del CPCC) por cuanto, además, no se advierten vicios o graves defectos que por su carácter de orden público impongan una declaración ex officio por el Tribunal. Así voto.
A la misma cuestión el juez Barberio expresa análogas razones a las vertidas por el juez preopinante y vota en el mismo sentido.
A la misma cuestión, el juez Depetris expresa que habiendo tomado conocimiento de los autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se abstiene de emitir opinión.
A la segunda cuestión, el juez Dellamónica dice:
1.- Que la sentencia dictada en autos resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda condenando al Banco Macro S.A. a pagar a los actores la suma de U$S 227.676,26 con más intereses y costas.
Para así decidirlo, la jueza a quo tuvo en cuenta, en síntesis, los siguientes elementos: con relación a la legitimación activa de los Sres. Amoroso, si bien es cierto que el contrato dice "que las cajas de seguridad serán utilizadas personalmente...quedando absolutamente prohibida la colocación de las mismas o la transferencia de la locación", el mencionado contrato no impone una obligación de depositar sólo bienes personales; que no obstante que la caja de seguridad estaba a nombre de RODCAR SRL, el testimonio de Borrone (ex socio de la firma) dejó en claro que la misma pertenecía al Sr. Amoroso, quien atesoraba dinero de su familia, y que Rodcar SRL no tenía pertenencias en ella; que en consecuencia entiende que el actor se encontraba legitimado a reclamar la totalidad de los bienes depositados en la caja de seguridad, con independencia de quién ostentaba el eventual dominio sobre los mismos, puesto que no existió específica previsión contractual respecto a la titularidad de los bienes que se podían guardar; asimismo decidió que la intervención del Sr. Amoroso resulta relevante a los fines de poder determinar el contenido de la caja, por lo que no hizo lugar al planteo de falta de legitimación.
Entendió que no resulta necesario establecer la legislación aplicable al caso, por aparecer indiferente. Que el contrato bancario que regula la prestación del servicio de cajas de seguridad, con la sanción y entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, integra la nómina de los tipificados en el Libro III, Título IV, Capítulo 12, Sección 2°; sin embargo la tipificación del contrato bancario no despeja las dudas respecto a su naturaleza jurídica, generando intensos debates en ámbitos doctrinarios y judiciales, considerando en definitiva que es un contrato no asimilable ni al depósito ni a la locación de cosas.
Sostuvo que, correspondía resolver si el robo pudo ser considerado como un caso fortuito y, por ende, eximente de responsabilidad del banco o bien, en caso de no resultar ello así, y de atribuirsele responsabilidad, cabía analizar si los actores pudieron acreditar la existencia del contenido de la caja de seguridad y si correspondía los resarcimientos de daños solicitados; que el hecho de que el banco contara con las medidas de seguridad exigidas por cierta normativa del BCRA, no fue de por sí suficiente a los fines de eximir su responsabilidad; que el banco asumió una función de custodia que es concebida como una obligación de resultado, de modo tal que ante el incumplimiento de la obligación, aquel únicamente podía excusarse si probara la existencia de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, que no se vio configurado por el acontecimiento de un robo, pues considerar lo contrario implicaría eximir al banco de su básica obligación de custodia de lo depositado, que constituye la finalidad del contrato.
Luego analiza la aplicación de la Ley 24.240 al cliente bancario que contrata el servicio de caja de seguridad, señalando que conforme el orden de prelación de las normas aplicables al contrato (art. 7 CCC) este debe ser analizado por: a) las normas de la Ley de Defensa del Consumidor con sus reformas; b) en segundo lugar, las normas relativas a contratos bancarios con consumidores y usuarios contenidas en los arts. 1384 a 1389; c) las normas correspondientes a los contratos de consumo contenidas en los artículos 1092 a 1122, -normas generales de la subespecie contratos de consumo bajo la normativa general de contratos-; d) las normas correspondientes al régimen general de los contratos bancarios en materia de transparencia en las condiciones contractuales contenidas en los arts. 1378 a 1383 -reglas generales para todos los contratos bancarios; y finalmente e) las normas generales en materia de contratos art. 957 y ss; señalando la a quo, que debía aplicarse la norma y la interpretación más favorable para el consumidor y que le resulte menos gravosa.
Con relación a la existencia de cláusulas limitativas de responsabilidad, en concreto la cláusula 9 del contrato originario y la cláusula 1° de la adenda al contrato de caja de seguridad, las consideró un ejemplo de cláusulas abusivas que desnaturalizan las obligaciones de las partes, en especial la del banco que debe responder, conforme al art. 1413 CCC., por tal motivo sin perjuicio de la validez del contrato, entiende que dichas cláusulas en crisis resultan totalmente abusivas y por lo tanto deben tenerse por inválidas y no convenidas (art. 37 de la Ley 24.240).
Asimismo, respecto a si los interesados lograron demostrar el contenido de la caja de seguridad siniestrada, resolvió que dadas las particularidades del contrato de caja de seguridad, donde la confidencialidad en cuanto al contenido de la caja constituye su nota tipificante no es dable extremar la exigencia en su acreditación, por cuanto ello importaría una carga de cumplimiento virtualmente imposible, dada la ausencia de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados al lugar, con gran menoscabo de la defensa en juicio.
Luego analizó en particular las pruebas y en relación con las testimoniales rendidas consideró que resultaron idóneas para acreditar el fluctuante manejo de dinero por parte del Sr. Amoroso. Señaló, que no todas las pruebas generaron la misma convicción sobre la existencia de los bienes y de que éstos se encontraban en la caja fuerte al momento del robo, motivo por el que ha tenido en cuenta otros elementos probatorios que otorgasen mayor certeza (documentos como escrituras, contratos, recibos de compra, recibos de sueldo, etc.).
Con relación al reclamo de dólares que supuestamente fueron comprados y depositados, expresó que no resulta suficiente acreditar únicamente la compra de los mismos. A dicha prueba, debe agregarse alguna que demuestre que las sumas fueron depositadas en la caja fuerte y lo cierto es que el único respaldo de aquello resultaron los ingresos del interesado a la caja de seguridad; por consiguiente y con criterio de estimación prudente, consideró como efectivamente depositados en el cofre aquellas compras de dólares cuyas fechas de compra fueron contemporáneas con al menos un mes de diferencia con los ingresos a la caja de seguridad informadas por el banco.
En cuanto a las escrituras relativas a la venta de inmuebles del "Fideicomiso Edificio Ovidio Lagos 1020", señaló que, según surge de las mismas, se celebraron en pesos argentinos y no hubo constancia de compra de dólares ni ninguna otra prueba indiciaria como para que pueda considerarse como acreditado su depósito en la caja de seguridad. Que igual criterio utilizó respecto de la deuda por préstamo hipotecario, ya que no se indicó la fecha de cobro de los U$S 44.000 para poder realizar el cotejo y tener por acreditado su depósito.
Que respecto a la suma de 3.500 Euros, no se han acompañado comprobantes ni ninguna otra prueba indiciaria que permita generar convicción de su existencia en la caja, por lo que rechazó su reclamo. Igual conclusión arribó en cuanto a los restantes bienes materiales que el Sr. Amoroso adujo haber tenido en la caja de seguridad.
Finalmente, y tratándose de montos en dólares, fijó en un 7% anual la tasa de interés moratorio, los que deberían calcularse desde la fecha de promoción de la demanda hasta su efectivo pago (fs. 657/668).
2.- Que al momento de comparecer el apelante por ante esta sede (fs. 709/727), se agravia en primer lugar del rechazo de la falta de legitimación activa tanto de Rodcar SRL como así también de los Sres. Amoroso, sosteniendo que, la caja de seguridad N° 118 estaba abierta a nombre de Rodcar SRL de conformidad con lo previsto en el contrato de caja de seguridad, por lo que se habría violado la prohibición de colocar o transferir el contrato, en atención a que los supuestos bienes que se reclaman como titular de la caja, no pertenecían a la sociedad actora; que la conclusión a la que arriba la sentenciante torna inexistente la prohibición allí dispuesta, en el sentido que el titular de dicho contrato tenía prohibido colocar o transferir dicho contrato a terceros; que la contradicción incurrida en la sentencia en crisis anula el razonamiento del a quo por el que rechaza la falta de legitimación, pues legitimar a Rodcar SRL pese a reconocer que los bienes objeto de reclamo no le pertenecían, es demostrativo de la falta de legitimación de Rodcar SRL y de los Sres. Amoroso.
A continuación se agravia del alcance que le asigna al contrato objeto de autos, en cuanto considera que ante un robo el banco debe responder siempre, porque la custodia es una obligación de resultado y el robo no puede considerarse caso fortuito en ninguna circunstancia, equiparando la responsabilidad del banco a un caso de responsabilidad absoluta, que es completamente excepcional en nuestro sistema jurídico, pues el banco no es una compañía de seguros sin póliza. Se agravia de lo decidido en cuanto a la desestimación de la cláusula limitativa de objeto que la actora suscribió, en una adenda al contrato de caja de seguridad; que dicha cláusula (la N° 1 de la adenda del año 2010) no constituye cláusula de eximición total de responsabilidad por parte del banco; que la misma ha sido receptada por el art. 1414 del CCC, en cuanto dispone que "es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta tanto un monto máximo sólo si el usuario es debidamente informado y el límite no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador"; que la cláusula en análisis no dispone la liberación o eximición del banco de modo irrazonable y total, sino que limita el objeto de responsabilidad, siendo plenamente válida; que el fallo recurrido no fundamenta la existencia de abuso en el caso, sino que sólo dogmáticamente lo declara, resultando arbitraria la sentencia en dicho punto.
Asimismo, se agravia también en cuanto al monto y los bienes que da por acreditados se encontraban adentro del cofre al momento del siniestro, desentendiéndose de las constancias de la causa y basándose en presunciones que contradicen el obrar de buena fe requerido por quien invoca ser víctima de un siniestro, descalificando al fallo como acto jurídico válido; que deviene arbitrario el razonamiento al que arriba el a quo en cuanto a que no resulta lógico ni se condice con los estándares de comportamiento habitual de las personas que, cuando compran dólares, si es para atesoramiento, en forma inmediata lo ingresan a la caja de seguridad y si no lo hacen, es para gastarlos o invertirlos y no guardarlos en caja de seguridad como pretende concluir la sentencia. Cita jurisprudencia que avala su postura; que la ausencia de las declaraciones juradas impositivas de los Sres. Amoroso resultan claves para el análisis del caso, y las mismas no han sido valoradas por la sentencia en crisis, violando el derecho de defensa en juicio, por cuanto impide agregar una prueba relevante a fin que se apliquen o no presunciones a favor de la actora, demostrando la falta de buena fe de los Sres. Amoroso.
Finalmente, agravia al apelante lo decidido en cuanto a la tasa de interés aplicada, pues correspondería la fijación de una tasa de interés del 6% anual conforme jurisprudencia inveterada tratándose de moneda "dura" como el dólar estadounidense. En cuanto a las costas, expresa que no corresponde le sean impuestas en su totalidad, pues se desestimó una parte sustancial de la pretensión de la actora que revela la pertinencia de las defensas opuestas, por lo que debería ser la distribución de las mismas en proporción al éxito obtenido, conforme los vencimientos recíprocos.
3.- Corrido el pertinente traslado de los agravios a la actora, ésta lo evacua mediante escrito obrante a fs. 730/736, postulando la confirmación de la sentencia dictada por la Jueza de Primera Instancia. Lo propio hace al contestar agravios el tercero coadyuvante a fs. 739/742.
4.- Que liminarmente cabe recordar el principio de interpretación judicial que señala que: "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y defensas, sino que les basta discurrir por aquellos planteos que consideran decisivos o sustanciales para la correcta composición del juicio (C.S.J.N., Fallos, 310:1835; 319:119 y sus citas entre otros)".
4.1.- Que luego, y en lo referido al primer agravio introducido por el banco demandado, cabe señalar que en su demanda, la parte actora solicitó se cite como terceros a los señores Alberto Cataldo Pablo Amoroso, y Carlos Alberto Amoroso, a fines que tomen intervención en la causa, en la medida de su interés y conforme lo dispuesto en los arts. 303, 305 y concordantes del CPCC.
Por su lado, el banco demandado, en oportunidad de contestar la demanda sostuvo que la cláusula 2da. del contrato establece que la caja de seguridad es de uso estrictamente personal, que siendo la persona jurídica un sujeto diferente de sus socios, la demanda debía ser también rechazada respecto de cualquier bien o fondos de titularidad de la familia Amoroso. En este punto afirma que dicha circunstancia opera en dos sentidos. Por un lado comporta un incumplimiento contractual que priva de acción a la actora; a la vez una falta de legitimación activa como defensa de fondo respecto de Rodcar SRL. Por el otro, respecto de los terceros cuya citación pide la actora pretendiendo suplir la falta de legitimación de la sociedad, autorizaría la integración de la litis con ello como co-actores, quienes deben someterse a la eventual condenación en costas como parte del proceso, como resultado de su falta de legitimación activa respecto de su mandante con quien no tiene vinculación contractual alguna. Finalmente formula reserva en relación con la citación de terceros, de solicitar un nuevo traslado luego de la comparecencia de los terceros que según afirma a fs. 121 vto., "deberán ser citados a integrar la litis".
Citados como terceros en los términos de los arts. 303 y 305 CPCC (ver decretos de fs. 127 y 129), a fs. 130 y 137 y vto. comparece Carlos Alberto Amoroso por propio derecho y, en su carácter de heredero de Alberto Cataldo, Pablo Amoroso, y a fs. 138 se los tiene por presentados, otorgándoseles participación en el juicio. A fs. 140 se abre la causa a prueba, realizando su ofrecimiento la actora, la demandada y el tercero citado (ver constancias de fs. 140), presentando a fs. 635/641, 642/647 y 648/652 sus respectivos alegatos.
Que así, y sin perjuicio de que el Sr. Carlos Alberto Amoroso se ha mantenido en su postura de ser considerado tercero coadyuvante, y el demandado no ha objetado tal circunstancia, la sentencia los tuvo como actor y tercero interesado (fs. 662 vto.), y finalmente, en su parte resolutiva el mentado decisorio condena al banco demandado a pagar la suma allí indicada a los actores.
Sea cual fuere la denominación jurídica que se autoatribuye el Sr. Carlos Alberto Amoroso, estrictamente, de ser tenido como tercero, lo cierto es que el nombrado, ha asumido el carácter de parte en el proceso, así también lo ha plasmado la jueza a quo en su decisorio al hacerlo acreedor como sujeto activo del monto indemnizatorio, y a la vez, tal circunstancia no ha sido controvertida por la demandada. En efecto, ello surge claro del escrito de responde cuando el banco demandado sostiene a fs. 114 vto. que se autorizaría la integración de la litis con ellos como co-actores, quienes deben someterse a la eventual condenación en costas como parte del proceso, sustentando en definitiva su falta de legitimación en la falta de vinculación contractual con la demandada. Es decir que en definitiva, surge claro de las constancias de la causa que el banco demandado ha aceptado como parte en el proceso a quienes concurrieron a él invocando su calidad de terceros.
Sin perjuicio de lo anterior, que es suficiente, desde otro mirador puede advertirse que los convocados "intervierten" su rol asumiendo un despliegue que es propio de una parte no de un tercero. Recuérdese que, con excepción del litisconsorcio necesario (no parece ser éste el caso), el tercero no es considerado como parte en la regulación del ordenamiento santafesino. Sin embargo, desde su comparencia, aquéllos han desarrollado una conducta pretendiente "para sí" y no "por otro".
Pues, si bien la citación en los términos de los arts. 303 y 305 CPCC no ha sido correcta -dogmáticamente- por cuanto el primer supuesto prevé la intervención voluntaria mientras que el segundo, el art. 305, refiere a la intervención provocada, también es cierto que los litigantes, al no ejercer oposición, han admitido que así sea.
Como fuere, y de acuerdo a la conducta que han asumido los sujetos procesales en esta causa, queda claro que en un único proceso (continencia) se ha producido en definitiva una acumulación objetiva-subjetiva, de pretensiones y sujetos, que la doctrina ha identificado como sucesiva y por inserción o sobreviniente. Todo lo cual, consentido por los litigantes en autos, no puede ser ignorado so pena de un ritualismo en el déficit técnico de la convocatoria.
Sentado ello, puede también advertirse desde el mismo momento en que la parte demandada contesta la demanda, su pretensión se encuentra dirigida a cerrar las puertas al reclamo que efectúan tanto Rodcar S.R.L. como los señores Amoroso -uno de ellos luego fallecido-, respecto de un hecho con relación al cual no resulta ocioso recordar, fue de ostensible trascendencia pública por tratarse de un robo perpetrado a una entidad bancaria del microcentro santafesino, siendo el blanco del mismo las cajas de seguridad existentes en esa sucursal del banco demandado.
Tal cerrazón la materializa a través de dos argumentos. Uno de ellos sosteniendo que Rodcar incumplió su contrato al introducirse bienes de terceros en la caja; y el otro, que Amoroso no tenía relación contractual con el Banco. Tales argumentaciones, se contradicen abiertamente con los instrumentos en virtud de los cuales se llevó adelante el uso de la caja de seguridad por los Sres. Amoroso.
En efecto, conforme surge de la documental remitida por el Banco Macro S.A. (ver fs. 416/427), surge que si bien en el Contrato de Locación de Cajas de Seguridad se establece que "La Caja será utilizada por el Locatario para su uso exclusivo y con fines lícitos, quedándole prohibido la cesión, sub-locación y la realización de cualquier hecho o acto jurídico con terceros que tengan por objeto la mencionada Caja de Seguridad a cualquier título", a fs. 417, puede leerse "Autorizo a cada una de las personas que se indican a continuación a abrir y hacer uso de un cofre en forma indistinta sin que ello implique sub-locación, hasta ser revocada por escrito esta autorización". Es decir, dicho contrato por adhesión, fue suscripto por el Sr. Carlos Amoroso en representación de Rodcar S.R.L., pero en el mismo instrumento, el nombrado autoriza a hacer uso del cofre a Alberto Amoroso y Mónica Forni, apareciendo luego como integrantes de la Caja de Seguridad, además de Carlos, Alberto Amoroso y Mónica Forni, también Natalia Amoroso y María Paula Amoroso (ver fs. 418, 420, 422, 423, 425). Resulta claro entonces que si de acuerdo a los propios términos del contrato, Carlos Amoroso autorizó a abrir y usar la caja de seguridad a los nombrados "sin que ello implique sub-locación" -según reza la leyenda antes especificada-, va de suyo que el mismo Carlos Amoroso se encontraba autorizado a su utilización de la misma forma que los autorizados. Dicho esto, el Banco no puede desconocer la operatoria que llevó adelante con los nombrados en orden a que de los términos del contrato por adhesión surgía sin hesitaciones la posibilidad de usar el cofre de seguridad. Y se entiende que "usar" el cofre de seguridad implica introducir "cosas" -en los términos de la legislación sustancial- dentro del mismo. Y si alguna contradicción hubiera en las previsiones del contrato, las mismas deben ser interpretadas a la luz del artículo 37 de la ley 24.240, esto es, en el sentido más favorable para el consumidor.
Por lo demás, tampoco debe pasarse por alto lo informado por el banco a fs. 427, que la caja de seguridad 118-G registrada a nombre de Rodcar SRL, anteriormente pertenecía en forma personal a los Sres. Carlos Alberto Amoroso, Alberto Cataldo Pablo Amoroso y Mónica Guadalupe Forni, reforzándose así la tesis de la continuidad en el uso de la caja de seguridad, en cuanto el banco le habría requerido la apertura de una cuenta corriente para la realización de los débitos respectivos, y que en función de ello, se le habría sugerido la utilización de la cuenta de Rodcar SRL, respecto de quien ostentaba el cargo de socio gerente.
A ello cabe agregar que en las adendas agregadas en original a la documental obrante en Secretaría, el banco se refiere a los firmantes como "locatarios", suscribiendo la addenda los señores Carlos Alberto Amoroso, Alberto P. Cataldo y Mónica Guadalupe Forni. Bajo la simple consideración del principio nemo auditur propiam... cabe preguntarse por qué razón el banco haría firmar la addenda posterior a los señores Amoroso, incluso en carácter de locatarios, si -como afirma la entidad en su responde- ninguna relación contractual tenían éstos con el banco.
Por todo ello, el primer agravio del apelante debe ser rechazado.
4.2.- En segundo lugar, el recurrente se agravia de que la sentencia no haya considerado al robo de la caja de seguridad como un caso fortuito. El agravio también debe ser rechazado. En efecto, siendo la obligación de custodia uno de los deberes esenciales del banco frente al cliente, no podría aceptarse que el caso fortuito pueda erigirse en una eximente de responsabilidad en los supuestos de robo de caja de seguridad.
Resulta claro que nos encontramos frente a una obligación de resultado, por la cual el banco garantiza a sus clientes el resguardo de los valores que introducen en las cajas objeto del contrato de locación.
Y como en todo supuesto de responsabilidad civil, la relación de causalidad entre el hecho y el daño se rompe a través de la acreditación del caso fortuito.
Que así, podría decirse que "el responsable o deudor se podrá eximir demostrando la incidencia de una causa ajena en la producción del daño . La fuerza mayor o caso fortuito lo eximirá, pero no el hurto o el robo que no constituyen supuestos incluidos en la eximente, sino que por el contrario son los hechos generadores del negocio bancario y de la contratación por parte de los clientes" (ZINGMAN DE DOMINGUEZ, Nydia, "Contrato de Caja de Seguridad. Responsabilidad. Cláusulas limitativas", de fecha 11/08/17, cita online AP/DOC/574/2017).
Ahora bien, si la obligación del Banco es estrictamente resguardar los cofres de cualquier ataque o delito contra la propiedad, y es en virtud de tal obligación que las personas acuden a las entidades financieras para no quedar expuestos a los delitos contra la propiedad que terceros pudieran cometer, la eximente no puede funcionar de una manera tan sencilla como el apelante la propone, pues "...mediante el contrato de caja de seguridad el banco asume una función de custodia que es concebida como una obligación de resultado, de modo tal que, ante el incumplimiento de la obligación, aquel únicamente podrá excusarse si prueba la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que, cabe resaltar, no se ve configurado por el acontecimiento de un robo, pues, justamente, evitar dicho modo de privación es el fin último del contrato" (RITTO, Graciela B., "El derecho transitorio y el contrato de servicio de caja de seguridad", de fecha 11/03/16, La Ley, cita online AR/DOC/576/2016).
En dicho marco, no puede sentarse como regla general que el banco se exime de su responsabilidad por robo de una caja de seguridad entendiendo dicho ilícito como un caso fortuito. Si ello así fuera, perdería todo sentido la contratación de tales cajas por parte de los clientes, "porque para sustraer los valores al peligro de tal evento está justamente destinada la caja de seguridad" (YARROCH, Fernando, "La regulación del contrato de caja de seguridad", de fecha 31/08/16, Thomson Reuters, cita online AP/DOC/668/2016).
Y en el presente, se está ante una responsabilidad contractual objetiva. En ese sentido, el banco no se exime de responsabilidad acreditando que cumplió con todas las medidas de seguridad, o dicho en otros términos, que no fue culpable. No hubo en el caso, ni un tornado, ni una inundación, ni un hecho del príncipe que sí pudieran configurar el caso fortuito, como hecho imprevisible o que previsto no haya podido evitarse. Existió un robo que debía ser previsto y que las medidas de seguridad del banco fueron insuficientes para contenerlo. La previsibilidad -y en orden a la cual el demandado debía adoptar las medidas idóneas de seguridad para que el ilícito no se cometa-, es lo que sella la suerte de la responsabilidad del banco. Al respecto, Julio César Rivera y Graciela Medina recuerdan que "...aunque el robo es un hecho de un tercero y puede aparecer a veces como un evento previsible pero insuperable, lo cierto es que no rompe la relación causal, pues en definitiva la asunción de ese caso fortuito por el banco hace a la esencia del contrato" (HERNANDEZ , Carlos, "El contrato de servicio de caja de seguridad", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Contratos. Parte Especial - I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2017, pág. 304).
Conforme abultada jurisprudencia "la custodia que asume el banco supone disipar el riesgo, es decir, no basta con hacer lo posible para obtener su resguardo, sino que se impone obtenerlo; y para excluir su responsabilidad debe demostrar que el resultado al que se obligó ha sido impedido por una causa a él no imputable, una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva" (Cám.Nac.Apel.Com, sala B, de fecha 06/04/16, "S., L y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario", cita online AR/JUR/25081/2016).
Por ello y en el caso, no puede concluirse que el robo a la entidad bancaria constituya caso fortuito, por lo que el agravio debe ser rechazado.
4.3.- En lo referido al tercer agravio, la jueza a quo sostuvo que por rigor del artículo 37 de la ley 24.240, la cláusula 1° de la adenda es abusiva, y que por ende debe tenerse por inválida y no convenida. A través de dicha cláusula, en contrato con cláusulas predispuestas, el Banco limitó la responsabilidad a la suma de U$SS50.000, siendo dicha adenda suscripta por Carlos Amoroso.
Sobre ello -esto es, sobre las clásulas limitativas de responsabilidad en materia de cajas de seguridad-, y sobre las previsiones contenidas en el artículo 1414 del CCCN -el que en el caso sólo podría servir de pauta hermenéutica-, se ha sostenido que "atento que estos contratos pertenecen a la categoría de contratos de adhesión, con cláusulas predispuestas y de consumo, deben ser interpretados en forma armónica por lo tanto con la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde el principio de buena fe del título preliminar cobra especial relevancia, ya que el cliente deposita toda su confianza en la entidad bancaria en la que guarda sus valores y efectos más preciados y frente al incumplimiento del contrato por el banco es traicionado, en su creencia y valoración de la institución financiera"; y que "...Numerosa jurisprudencia anterior y posterior a la vigencia del nuevo Código, no han aceptado la validez de estas cláusulas autolimitativas predispuestas por los proveedores del servicio de cajas de seguridad, considerándolas nulas o ineficaces" (ZINGMAN DE DOMINGUEZ, Nydia, "Contrato de Caja de Seguridad. Responsabilidad. Cláusulas limitativas", de fecha 11/08/17, cita online AP/DOC/574/2017).
En tal sentido, refiere Garrido Cordobera que la autolimitación admitida por el art. 1414 CCC, se refiere a la responsabilidad del Banco, profesional que presta el servicio y se podría considerar que en el contrato de cajas de seguridad, el banco no se obliga a nada (o sólo a un tope autodeterminado arbitrariamente por él), ya que estaría dispensándose de responsabilidad en caso de inejecución de su principal obligación. Contrariamente a la letra y al significado del texto del artículo 1414 CCC, no podemos distinguir "cláusulas limitativas o límites que desnaturalizan o no las obligaciones a cargo de quien presta el servicio", ya que estimamos que todas atentan contra su naturaleza jurídica (RITTO, Graciela B., "El derecho transitorio y el contrato de servicio de caja de seguridad", de fecha 11/03/16, La Ley, cita online AR/DOC/576/2016).
Por ello, cabe en el caso entender, que debe regir con plenitud el artículo 37 de la ley de Defensa del Consumidor, el cual consagra el principio protectorio del consumidor, principio rector en esta materia, restableciendo el equilibrio de las prestaciones frente a la desigual posición contractual de las partes, por lo que corresponde tener por no escrita la cláusula limitativa de la responsabilidad del banco.
En consecuencia, corresponde rechazar tal agravio formulado por el demandado.
4.4.- En su cuarto agravio, el recurrente se queja del monto y los bienes que la sentencia tiene por acreditados al momento del siniestro. Sobre el aspecto probatorio en materia de responsabilidad bancaria y en especial de cajas de seguridad, se tiene dicho que "la apertura probatoria no hace más que facilitar la difícil carga probatoria que pesa sobre el usuario, habilitándose todo medio de prueba en cuanto al aspecto vinculado con el contenido de la caja de seguridad vulnerada, pues de exigírsele una prueba rigurosa e inequívoca, se le impondría una carga cuyo cumplimiento sería impracticable, dada la ausencia de toda exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados en ese ámbito, puesto que la confidencialidad en punto al contenido de la caja constituye la nota tipificante del contrato" (HERNANDEZ, Carlos, "El contrato de servicio de caja de seguridad", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Contratos. Parte Especial - I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2017, pág. 311) no siendo "...pertinente exigir en su acreditación una prueba acabada y precisa, pues ello llevaría a tornar de cumplimiento imposible la carga de quien peticiona resarcimiento" (CNCom., sala D, 06/05/01, en autos "Kreszes, David J. c/ Banco Patagonia S.A. s/ Ordinario", L.L. online AR/JUR/28657/2011).
"El cliente/demandante en sede civil debe producir al menos una doble prueba, por no decir una triple: por un lado, deberá acreditar que tiene o tuvo en su momento la capacidad económica o la oportunidad de atesorar los bienes que dice haber resguardado en el cofre; por otro, que debe demostrar que al momento de producirse el evento dañoso existían en el cofre objetos que eran de su propiedad, y por último, qué valor económico o afectivo tenían". (YARROCH, Fernando, "La regulación del contrato de caja de seguridad", de fecha 31/08/16, cita online AP/DOC/668/2016).
"La suma dificultad de la actividad probatoria para ambas partes ha sido claramente admitida por la jurisprudencia; en tal sentido, es sabido que quien elige un sistema de privacidad absoluta como el que brinda una caja de seguridad -en el que no se declara ni se constata el contenido-, debe asumir la dificultad probatoria en caso de que exista violación del cofre. Empero, ello deber ser suplido con razonabilidad y con la existencia de presunciones graves, precisas y concordantes" (CNCom., sala E, 30/04/98, "Paternostro, M. c/ Banco Mercantil s/ daños y perjuicios").
En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la misma ha remarcado la importancia de las presunciones para dilucidar este tipo de cuestiones, pues "si bien la prueba recae en principio sobre el cliente, atento a la dificultad de la misma se debe admitir que la acreditación de los daños se efectúe por cualquier medio de prueba, adquiriendo especial relevancia la prueba de presunciones y que el banco debe coadyuvar a la determinación en lo posible del contenido de la caja no bastando al respecto su mera negativa genérica en el responde de la demanda" (CSJN, "Sontag, Brueno y otro c/ Banco de Galicia y Buenos Aires", de fecha 05/04/05).
"No es posible exigir una prueba fehaciente, y ello no importa liberar al usuario de la carga de la prueba, por lo que resulta verosímil que quien ha contado con una caja de seguridad por varios años y pagado por ello un canon, la utiliza para conservar valores y no para tenela vacía, siendo inevitable efectuar un análisis de la razonabilidad de la existencia de bienes en el lugar" (YARROCH, Fernando, "La regulación del contrato de caja de seguridad", de fecha 31/08/16, cita online AP/DOC/668/2016).
En el caso, la jueza a quo analizó minuiciosamente cada uno de los rubros reclamados por el actor, expidiéndose en el considerando VIII, puntos a, b, c, d, y e, sobre los montos que entendió que efectivamente habían sido depositados en el cofre de seguridad. Y en los considerandos IX, X, XI, XII y XIII, los montos y bienes que consideró no acreditados.
Sobre aquellos puntos, el apelante debía dirigir una crítica puntual, es decir, no generalizada o indiscriminada. En relación con la argumentación relativa a que el actor impidió -con su oposición- contar con una prueba importante, como es el respaldo de lo guardado en las cajas de seguridad con las declaraciones juradas ante el organismo recaudador nacional, cabe señalar que ello no obsta a que por los medios probatorios admitidos por la ley formal, y que resulta usual en este tipo de casos, el cliente pudiera acreditar la existencia de bienes que no contaran con respaldo en sus declaraciones juradas impositivas, extremo que podrá o no debatirse en otro ámbito con tal organismo. Aún así, la decisión por la que dicha prueba fue denegada por la juez a quo -haciendo lugar al recurso de la actora- se encuentra firme en lo que a ello respecta.
Dicho esto, se reitera que se necesitaba un embate del apelante respecto del razonamiento probatorio realizado por la sentenciante con relación a cada uno de los rubros analizados.
Así, respecto de la compra o cobro de dólares, y habiendo la a quo comparado dichas adquisiciones o percepciones con los ingresos a la caja de seguridad, no alcanza a conmover lo decidido el agravio referido a que los dólares hayan sido guardados en un lapso que alcanza hasta los treinta días posteriores a la compra.
Ahora bien, siendo que el criterio adoptado por la a quo radica en el ingreso coetáneo o adyacente a las fechas de compra, puede advertirse la falta de correspondencia entre las compras de dólares que datan entre los años 2004 y 2011, y por las cuales en la sentencia se admite el reclamo por la suma de U$S 4.962 (vid. punto a) de fs. 667). Refuerza tal conclusión que de la lectura de las fichas respectivas, quien siempre ha registrado el ingreso estampando su firma es el Sr. Carlos Alberto Amoroso, existiendo sólo dos ingresos que se corresponden uno con la Sra. Mónica Forni y el otro del Sr. Alberto Cataldo Pablo Amoroso. Frente a tales concretas circunstancias, el razonamiento de la sentencia aparece debilitado, por lo que en función de ello, se rechazará tal rubro.
Existe -por parte del demandado- una crítica puntual a la suma de $82.799,26 equivalente por la tenencia de bonos de consolidación de deuda de titularidad de Alberto Amoroso. La jueza a quo impuso como pauta (ver fs. 667) que iba a considerar como efectivamente depositadas en el cofre aquellas compras de dólares cuyas fechas de compra con al menos un mes de diferencia con los ingresos a la caja de seguridad informadas por el banco. Ahora bien, al momento de analizar dicho rubro, expresa la imposibilidad de realizar el cotejo con el registro de entradas a la fecha de percepción de los mismos. La pauta allí adoptada por la jueza a quo para inferir que dichas sumas se encontraban depositadas, consistieron en que la caja pertenecía con anterioridad al Sr. Amoroso y su familia, y que en base a lo dicho en el considerando VI se consideran como depositados. En dicho considerando, la a quo había anticipado, que el contenido de una caja de seguridad no se constata ni se declara, por ser su nota tipificante la confidencialidad en cuanto a su contenido, y por ello la dificultad probatoria en caso de que exista violación de la misma; que si se extrema la exigencia en la acreditación de su contenido, ello importaría una carga de cumplimiento imposible, por la ausencia de exteriorización respecto de los objetos ingresados; y que por ello, analizaría las pruebas sobre los bienes que por su mayor verosimilitud generan convicción sobre su existencia, por lo que valoraría diferentes pruebas como proveedoras de indicios conducente a tal fin, tal como lo marca la jurisprudencia imperante en materia de responsabilidad bancaria por robo de cajas de seguridad; que en este tipo de casos se ha otorgado pleno valor probatorio a las presunciones, admitiéndose con amplio criterio judicial y por cualquier medio de prueba indirecta de lo que en ella había. Así, es como la a quo tiene -a través de la prueba oportunamente producida- por acreditada la tenencia de bonos de consolidación de deuda, y como ya desde antes la caja era utilizada por la familia del Sr. Amoroso, es que toma como indicio válido de su existencia e introducción en la caja de seguridad. Aún así, sobre tal rubro (ver punto b) de fs. 667) correspondiente al importe de U$S 82.799,26 por tenencia de bonos, cabe señalar que los mismos fueron adquiridos en el año 1992. No existe modo de sostener -ni siquiera por indicios- su mantenimiento y vigencia dentro de la Caja hasta la fecha del robo acaecido en el mes de septiembre del año 2012. El banco demandado informó en autos que la caja de seguridad pertenecía ya con anterioridad a la familia Amoroso, pero estrictamente, no indica desde cuándo y quién era efectivamente el titular, con anterioridad a noviembre del año 2008 en que es registrada a nombre de la actora, Rodcar. De igual modo, tampoco se ha acompañado contrato ni comprobantes de los registros de entrada a la caja con anterioridad al cambio de titularidad del cofre de seguridad. Por todo ello, habrá también de rechazarse el reclamo por la suma de U$S 82.799,26.
Sobre los restantes rubros que se tuvieron como ciertos, no se arguyeron agravios concretos sobre los que pudiera centrarse su análisis, por lo que corresponde tener al apelante por conforme con los mismos.
4.5.- En cuanto al quinto agravio, corresponde su rechazo. Esta Sala, en "Portells c. Mauri" recordó -con relación a la tasa de interés en dólares- que "corresponde fijarla teniendo en cuenta que la tasa aplicable debe reconocer un rédito puro, pues el valor de los dólares cuenta con cierta estabilidad por tratarse de una moneda 'fuerte' que no se encuentra, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia" (Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, Nidera SA vs. Entre Campos SA s/ ordinario, 02/06/2009, RC J 22194/09). Asimismo se ha decidido que "ante la ausencia de una tasa activa en dólares estadounidenses publicada por el Banco de la Nación Argentina, se considera entonces equitativa una tasa fija de un 8% anual. Esta alícuota guarda congruencia con las aplicadas en negocios actuales que involucran operaciones concertadas en moneda extranjera (vgr. tasa de interés de un bono en dólares estadounidenses emitido recientemente por el Estado Nacional fue del 8,4% anual (Bonar VII); tasas promedio cobradas por entidades financieras privadas por préstamos al sector privado no financiero en dólares estadounidenses publicadas en el boletín estadístico del B.C.R.A. que van desde un 8% al 13% según se trate de préstamos a personas físicas o jurídicas y a operaciones con garantías prendarias o hipotecarias; préstamos a ciertos sectores económicos que en el marco de "Financiamiento de Inversiones Productivas" el BNA otorga y cobra, para operaciones en dólares estadounidenses la tasa "Libor" (que actualmente ronda el 5,4% anual) más un margen variable según el riesgo desde el 2,29% anual)". (Fallo de Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, Myoung Chul Hwan c/ Kim Young Uo s/ Ejecutivo, 28/03/2007, citado por Sala Civil Primera de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en "Mutual entre Asociados de la Escuela Comercial Centenario de Humbolt c/ Portmann, Lucas s/ Ordinario" (Expte. Sala I N° 199 - Año 2010), 10/10/2012, Res. N°251, F° 344, T.12) (ver esta Sala, con distinta integración, en autos "Portells c. Mauri", de fecha 09/03/17, protocolizada bajo el N° 17, F° 136, T° 16).
Por ello, no se advierte la irrazonabilidad de la tasa del 7% otorgada por la jueza a quo.
4.6.- En cuanto al sexto agravio, corresponde su rechazo. Ello en virtud de que tal como surge de las constancias de autos, el demandado ha obtenido una decisión judicial que resulta absolutamente adversa a su posición jurídica asumida en el proceso, siendo por ende incontrastable su carácter de parte vencida, rigiendo en consecuencia el principio objetivo del vencimiento estatuido en el artículo 251 CPCC.
4.7.- Por todo ello, cuanto corresponde en el presente es hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado, y en consecuencia, revocar el pronunciamiento alzado en lo que respecta a los rubros correspondientes a la compra de dólares entre los años 2004 y 2011 (U$S 4.962) y a la tenencia de bonos de consolidación de deuda (U$S 82.799,26), reduciéndose la condena de primera instancia a la suma de U$S 139.915, y rechazarlo en lo demás.
Las costas de la alzada, y habiendo vencimientos recíprocos, se imponen en un 70% al demandado, y en un 30% al actor (art. 252 CPCC).
A la misma cuestión el juez Barberio expresa análogas razones a las vertidas por el juez preopinante y vota en el mismo sentido.
A la misma cuestión, el juez Depetris expresa que, conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, se abstiene de emitir opinión.
A la tercera cuestión puesta a consideración del Tribunal, los jueces Dellamónica y Barberio dicen:
Que, conforme lo deliberado precedentemente, corresponde: declarar desierto el recurso de nulidad; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado, y en consecuencia revocar el pronunciamiento en la forma dispuesta en el considerando precedente, reduciéndose la condena de primera instancia a la suma de U$S 139.915, rechazándolo en lo demás. Imponer las costas de la alzada, en un 70% al demandado, y en un 30% al actor.
A la misma cuestión, el juez Depetris expresa que, por similares razones a las expresadas al tratar la primera cuestión, se abstiene de emitir opinión.
Por ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE: 1.- Declarar desierto el recurso de nulidad. 2.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado, y en consecuencia revocar el pronunciamiento en la forma dispuesta en el considerando precedente, reduciéndose la condena de primera instancia a la suma de U$S 139.915, rechazándolo en lo demás. 3.- Imponer las costas de la alzada, en un 70% al demandado, y en un 30% al actor.
Los honorarios de la Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de la ley 6767, modificada por ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, notifíquese y devuélvanse los autos.
Con lo que finaliza el presente acuerdo ordinario que suscriben los señores Jueces por ante mí, doy fe.
Fdo.: DELLAMÓNICA - BARBERIO - DEPETRIS (Se abstiene) (Jueces de Cámara) - Cerqua de Pappa (Secretaria)

Sumarios del fallo 1


PROCESAL - COMERCIAL

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BANCOS. CONTRATOS BANCARIOS. CONTRATO DE LOCACION. CONTRATO DE CAJA DE SEGURIDAD. LEGITIMACION ACTIVA. ACUMULACION OBJETIVA-SUBJETIVA DE PRETENSIONES Y SUJETOS. RESPONSABILIDAD DEL BANCO. CONTRATOS. CONTRATOS DE ADHESION. CLAUSULAS PREDISPUESTAS. CONTRATOS DE CONSUMO. PROTECCION DEL CONSUMIDOR. RELACION DE CONSUMO. CLAUSULAS DEL CONTRATO. NULIDAD DE CLAUSULA CONTRACTUAL. DEBER DE CONSERVACION Y CUSTODIA. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. RESPONSABILIDAD OBJETIVA. PRUEBA DEL CONTENIDO DE LA CAJA DE SEGURIDAD. APRECIACION DE LA PRUEBA. REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRUEBA DIFICIL. VALORACION DE LA PRUEBA. PRESUNCIONES.

Resulta claro que nos encontramos frente a una obligación de resultado, por la cual el banco garantiza a sus clientes el resguardo de los valores que introducen en las cajas objeto del contrato de locación.